La falta de horizonte económico frena los proyectos más urgentes de la UMU y la UPCT

El rector de la UMU, José Luján, tiene claro que cualquier proyecto a medio y largo plazo pasa por «un compromiso concreto con respecto a la financiación. La fórmula ideal es el plan de financiación, pero lo cierto es que desde julio no hay avances». El relevo generacional de profesores e investigadores es para el rector de la UMU la principal necesidad de la institución. La edad media de los profesores funcionarios de la UMU es de 55 años, uno más que la española. Entre los 356 catedráticos, se supera la media de 59 años, y nada menos que 172 tienen entre 60 y 69 años, lo que significa que en menos de diez años enfilarán la puerta de salida del campus. «No podemos estar debatiendo de planes de calidad docente sin saber cómo vamos a ejecutar ese relevo; es clave», reivindica. Con apenas dos millones para infraestructuras en el anterior plan, los edificios e instalaciones de la UMU necesitan mejoras. «Tenemos un serio problema de obsolescencia en varios edificios, como el de servicios integrales. El campus de Ciencias de la Salud aún necesita inversiones», demanda Luján, quien no ve un horizonte claro para la firma del nuevo plan.

«Estamos repartiendo miseria», resume la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, al referirse a la delicada situación económica que atraviesa la Universidad Politécnica de Cartagena. Las dificultades para cuadrar ingresos y gastos en los presupuestos de 2023, donde volverá a recurrir a ahorros y recortes para poder pagar facturas (luz, agua, limpieza...), reflejan un escenario cada vez más precario.

Este incluye la imposibilidad de realizar obras de mantenimiento de edificios, pese a que ya ha habido desprendimientos, como en el inmueble de La Milagrosa; el cierre de edificios docentes y deportivos, como la antigua sede de Arquitectura en el campus de Alfonso XII y el pabellón Urban; la falta de reparación de un equipo electrógeno en la de Escuela Industriales; la suspensión del proyecto de construcción de una nueva Escuela de Arquitectura. Tampoco hay una residencia de alumnos de gestión pública (la nueva es de administración privada) ni dinero para construir otra, pese a la demanda de plazas y la escasez de pisos de alquiler; y asoma la amenaza de que una avería en algún sistema paralice investigaciones financiadas con fondos nacionales y de la Unión Europea.

La falta de recursos se hace sentir en el día a día. En inmuebles de la Universidad, la calefacción está apagada para ahorrar. «Profesores y alumnos estamos en clase con las chaquetas puestas», lamenta el decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa, Ángel Rafael Martínez, quien denuncia que «la situación es bastante grave, por un escenario de ingresos que no depende del equipo rectoral, sino del retraso en la aprobación del nuevo Plan de Financiación Plurianual. «Para 2024, la UPCT se quedará sin ahorros si sigue teniendo que echar mano de su remanente de tesorería, porque la ley no permite el déficit y el endeudamiento en la Universidad», recuerda Martínez. Y afirma que «el acuerdo alcanzado por el equipo rectoral con el ex director general de Universidades, Christian de la Fe, antes de su dimisión en julio, incluía para 2023 dos millones de euros más de lo que llegará». La Consejería lo niega. El presupuesto será de 69,67 millones de euros, un 2,4% más, incluida una aportación autonómica un 12,3% mayor, lo que la lleva hasta los 52,65 millones.

La Politécnica hace encaje de bolillos para mantener su actividad, pues ha calculado una caída de los ingresos por matrículas de estudiantes por importe de un millón de euros. Aunque se esfuerza por atraer alumnos, en particular chicas, se topa con la realidad del bajo interés de los jóvenes españoles por estudiar ingenierías. También sufre las malas infraestructuras de comunicación de Cartagena por tren, apuntan en el Rectorado. Y ha tenido que reducir las previsiones de su Plan Estratégico de Internacionalización, el de Investigación y el de Digitalización.

En todo caso, Beatriz Miguel muestra su oposición a «la fórmula» empleada por el Ejecutivo regional para asignar los fondos, ya que «cuentan el número de profesores y alumnos que tenemos, pero dejan fuera, por ejemplo, el impacto que la UPCT tiene en la ciudad de Cartagena a nivel social, urbanístico, etcétera». También reflexiona acerca del hecho de que «en la Región, el 80% de la investigación se hace en la Universidad y que esta no es solo un conjunto de centros de enseñanza, sino muchas otras cosas, como lugares de transferencia de innovaciones a la industria, de creación de empresas y de impulso de la vida cultural y deportiva de los estudiantes». También cita la proyección internacional de la Politécnica, integrada en la Universidad Tecnológica Europea junto a otras ocho instituciones.

Las universidades están, no obstante, satisfechas con los presupuestos asignados por la Comunidad para 2023, en los que valoran el esfuerzo realizado por el Gobierno regional para compensar el impacto de la subida de la factura energética y la merma de ingresos por la Covid. «Nos hacemos cargo de la situación financiera de la Comunidad y del desigual reparto de financiación entre las autonomías, pero el Gobierno regional debe decidir qué espera de sus universidades públicas y actuar el consecuencia», defiende Luján.