El exsecretario de Agricultura desmiente que los nitratos no causaran preocupación

Francisco Moreno. carrión/ JAVIER
Francisco Moreno. carrión / JAVIER

Declaró lo contrario que Antonio Cerdá, quien rechazó el efecto en el Mar Menor de los contaminantes agrícolas

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Frente a los argumentos esgrimidos por el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en su reciente declaración como imputado en la causa por la contaminación del Mar Menor, las declaraciones efectuadas ayer por quien fue su secretario general durante ocho años, Francisco Moreno García, dejaron de manifiesto que los nitratos procedentes de la agricultura sí eran un motivo de preocupación en ese departamento hace ya más de una década.

Si Cerdá se pasó buena parte del interrogatorio esforzándose para restar importancia al problema de los vertidos de nitratos a la laguna, Moreno reconoció que sí existía inquietud desde el arranque de su declaración, también en calidad de investigado por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación por emisión.

Así, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, le preguntó si cuando accedió al cargo, allá por 2007, «existía conciencia en la Consejería de que el Mar Menor podía estar en mal estado, en concreto si podía estar contaminado por nitratos procedentes de las explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena», Moreno asintió. «Sí, le consta que había preocupación», aseguró, para añadir seguidamente que «hubo que actuar de forma inmediata porque en octubre de 2007 se recibió un expediente sancionador (de la UE) al Reino de España por incumplimiento de la directiva de nitratos».

«Me he dejado la vida en el trabajo y pienso que lo he hecho correctamente», dijo a modo de conclusión

Pese a este reconocimiento, aclaró que «no había percepción de que el Mar Menor estuviera afectado por la actividad agrícola», aunque aclaró que no era competencia de la Consejería el control del dominio público hidráulico ni de los acuíferos, que correspondían al Estado».

Moreno rechazó que la aplicación del código de buenas prácticas en la agricultura y de los planes de actuación aprobados en 2003, 2009 y 2011 fueran de su competencia, y añadió que «no había muchos fondos para hacer inspecciones y controles» a las explotaciones agrarias. Incluso aseguró que fueron cesados 70 técnicos interinos, que eran los que se habían venido ocupando de efectuar las mediciones y, con ello, constatar que los agricultores que recibían subvenciones europeas estaban cumpliendo con la legislación sobre nitratos.

En ese sentido, indicó que las ayudas sometidas a esa condición ascendían anualmente a unas 12.000 o 13.000, de las que se fiscalizaban en torno al 1%; esto es, entre 120 y 130. Y aunque manifestó que las sanciones a los incumplidores llegaban hasta una reducción del 50% de las ayudas, e incluso de la totalidad, y aseguró que tales medidas se habían llegado a aplicar, no puso ejemplo concreto alguno con el que apoyar sus manifestaciones.

Moreno admitió que era él quien presidía la comisión regional para el control de la condicionalidad de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), que se creó en 2005 y que tenía por objetivo garantizar el cumplimiento de la prohibición de contaminación por nitratos. Pese a ello, manifestó que nunca tuvo conocimiento de que se estuvieran produciendo vertidos de esas características a la laguna a través de la rambla del Albujón.

Sobre las conclusiones o decisiones adoptadas por ese órgano, aseguró que «no se daba cuenta al consejero, ya que esa comisión era autónoma».

Finalmente, a preguntas de su abogado, aseguró que su interés nunca fue el de los agricultores, sino el interés general y hacer cumplir la ley, y llegó a manifestar que «me he dejado la vida en el trabajo y pienso que lo hice correctamente. Creo que en todo este asunto hay una confusión y que se ha contaminado dentro de los límites [legales]».

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