Dos exalcaldes de Mazarrón van al banquillo acusados de adjudicación ilegal de contratos

Francisco García, recibiendo el bastón de mando de manos de Ginés Campillo, en 2014. / j. m. Rodríguez
Francisco García, recibiendo el bastón de mando de manos de Ginés Campillo, en 2014. / j. m. Rodríguez

Las obras, cuyo importe total ronda el medio millón de euros, se habrían fraccionado de forma irregular para poderlas otorgar sin concurso

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La supuesta adjudicación ilegal de contratos por importe de casi medio millón de euros, que habrían ido a parar a manos de personas vinculadas al partido Unión Independiente de Mazarrón (UIDM), ha conducido al banquillo a dos antiguos alcaldes de esta localidad costera, Ginés Campillo Méndez (IUDM) y Francisco García Méndez (dirigente entonces del PSOE), quienes en mayo de 2011 alcanzaron un acuerdo de legislatura para repartirse el gobierno de ese municipio: los tres primeros años lo asumió Campillo, y el ejercicio restante, García. Junto a estos dos exrregidores se sentarán los exconcejales Isidro Coy Lario y Andrés Valera Hernández (UIDM) y Juan Miguel Muñoz Blaya -también apartado ahora del PSOE-, como sospechosos de estar en connivencia con los jefes de sus respectivas formaciones políticas para la asignación arbitraria de contratos municipales.

Según el escrito de acusación formulado por la Fiscalía, en los meses siguientes a la firma del pacto de gobierno, el alcalde Campillo y quien en esos días era el concejal de Infraestructuras, el luego primer edil Francisco García, «idearon, en connivencia con Juan Pedro M. B. (administrador de la mercantil Global Mazarrón SL), fraccionar las obras en diferentes contratos», con el fin de poder acudir a la figura del contrato menor y poder adjudicarlos directamente a esa empresa «eludiendo los principios de concurrencia, publicidad y transparencia».

Así lo habrían hecho con una serie de obras de acondicionamiento de caminos rurales y de pavimentación de calles de la localidad, que se habrían fraccionado de manera ilegal en hasta cuatro contratos diferentes, por un importe total de 92.000 euros. Todos estos trabajos, «ilícitamente contratados de forma separada y que debieron ser objeto de un único contrato al estar todos encuadrados en un mismo espacio temporal», fueron otorgados a Global Mazarrón SL.

Los beneficiarios fueron los antiguos portavoz y tesorero de UIDM, la formación de Campillo

Se da la circunstancia de que el propietario de esa firma, Juan Pedro M. B., estaba estrechamente vinculado a Campillo y a UIDM por haber ejercido como portavoz de esa formación. «Su vinculación con UIDM», insiste la Fiscalía, le permitió «ver claramente favorecidos sus intereses económicos».

A la vez y con el aparente objetivo de no despertar sospechas por la acumulación de contratos municipales sobre esa primera empresa, Juan Pedro M. B. «decidió servirse de la sociedad Levante de Mazarrón SL», que estaba a nombre de un primo suyo, pero que presuntamente era dirigida por él mismo.

De esta forma, en los meses siguientes fue Levante de Mazarrón SL la que comenzó a conseguir contratos municipales, también de arreglo de calles y pavimentación, por una cuantía cercana a los 100.000 euros. El Ministerio Público sostiene que el modo de actuar fue muy similar al utilizado en las adjudicaciones precedentes, con un supuesto fraccionamiento ilegal de los trabajos para hacerlos pasar por contratos menores.

El propio Juan Pedro M. B. habría llegado a constituir una tercera mercantil, Almagra y Greda SL, con el mismo propósito aparente de adjudicarse más obras.

Reparos del interventor

En mayo de 2013, Levante de Mazarrón facturó casi 21.000 euros al Consistorio por unos trabajos que le había asignado el concejal de Servicios, Juan Miguel Muñoz Blaya, lo que llevó al interventor municipal a formular un reparo debido a que, unos meses antes, Global Mazarrón había cobrado por unos trabajos similares en las mismas calles. El técnico municipal alertó de un supuesto fraccionamiento ilegal del objeto de contrato, pese a lo cual el edil de Hacienda, Andrés Valera Hernández, emitió un informe proponiendo el abono de esa factura.

Otro tanto habría ocurrido con una factura por 16.400 euros, sobre la que también el interventor formuló una advertencia y que fue abonada a Levante de Mazarrón SL.

Otro hecho que será objeto de enjuiciamiento es el presunto fraccionamiento en cuatro partes de unos trabajos por un importe total de unos 70.000 euros, que igualmente se adjudicaron de manera directa a esa firma.

En el juicio se analizará, por último, la supuesta adjudicación ilegal, por casi 70.000 euros, de las fiestas patronales de 2012, que se otorgaron al extesorero de UIDM, José Baltasar N. S.

Los antiguos alcaldes y concejales, así como los empresarios beneficiarios, se enfrentan a penas de diez años de inhabilitación por supuesta prevaricación continuada.

Uno de los principales acusados, el exrregidor Ginés Campillo, vuelve a encabezar actualmente la lista de UIDM a la alcaldía de Mazarrón.

Señalamientos de juicio en la Audiencia con un año y medio de retraso

El atasco que sufren algunas salas de la Audiencia Provincial, entre ellas la Sección Segunda, está generando situaciones vergonzantes como que algunos juicios se estén señalando con un año y medio y hasta dos años de retraso. Este ha sido el caso de la vista oral sobre las obras presuntamente adjudicadas de forma ilegal en Mazarrón, que recientemente ha sido señalado para los días 8, 14, 15 y 22 de octubre y 11 y 12 de noviembre de 2020. Estas dilaciones se traducen luego, las más de las veces, en importantes rebajas de pena para los condenados.