El exalcalde de San Javier admite que fue socio de promotores de La Manga

José Hernández, exalcalde del PP en San Javier, atendiendo al juicio con gesto pensativo. / ANTONIO GIL / AGM
José Hernández, exalcalde del PP en San Javier, atendiendo al juicio con gesto pensativo. / ANTONIO GIL / AGM

Hernández niega haber favorecido ilegalmente a una inmobiliaria de Las Brisas con más edificabilidad de la que tenía en una parcela

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Aunque sus relaciones comerciales con destacados promotores de la zona del Mar Menor son motivo de otras diligencias, que se siguen bajo el nombre de 'caso Valhalla', el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, aprovechó ayer la vista oral del 'caso Las Brisas' y, más concretamente, los momentos preliminares del interrogatorio al exalcalde de San Javier, el popular José Hernández, para sacar a relucir este delicado asunto. Posiblemente lo hizo a modo de presentación del antiguo primer edil marmenorense, pues tampoco se privó de preguntarle por otro asunto igualmente comprometido, pese a que no guardaba relación alguna con el juicio que se estaba celebrando: la compra de una parcela en La Manga, a la que Hernández anexionó de forma supuestamente irregular un terreno sobrante de un desarrollo urbanístico con la aparente intención de darle una salida directa a la playa.

El fiscal Lozano fue al grano sin preliminares. Preguntó primeramente al exalcalde por su profesión y, tras responderle este que era la de aparejador, le interrogó a continuación sobre los negocios que hubiera desarrollado en su vida profesional y muy concretamente por una sociedad, Inversiones Tímor.

-«Con ella no he trabajado nunca; ha sido una sociedad patrimonial. Tenía acciones de otras mercantiles, de socios que yo tenía», señaló Hernández.

Y el fiscal Anticorrupción comenzó a desgranar un listado de empresas con las que el hombre que ocupó la alcaldía de San Javier entre 1999 y 2007 había tenido relaciones mercantiles -Villas La Manga, Grimanga...-, pese a que estas tenían importantes intereses urbanísticos en el municipio gestionado por quien ahora se sienta en el banquillo.

Como si no existiera incompatibilidad alguna -ni formal ni moral- en todo ese asunto, Hernández asintió con tranquilidad ante la mención de cada promotora y seguidamente, cuando el fiscal entró ya en la materia propia del 'caso Las Brisas', demostró que para nada le había arredrado la primera andanada del fiscal. En tono firme y por instantes hasta con un punto de soberbia, rechazó cualquier interés personal en la atribución de una edificabilidad excesiva, y presuntamente ilegal, a unos terrenos de la urbanización Las Brisas. «Un alcalde no puede adoptar decisiones jurídicas», advirtió. «Si los técnicos dicen en sus informes que todo es legal y el secretario asegura que todo está correcto, ¿en base a qué puedo decir que eso no lo firmo? ¡Pues solo por eso estoy aquí imputado!».

El fiscal Lozano, que le imputa presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, en concurso con el delito de fraude, y que ha anunciado su voluntad de pedirle un año y medio de cárcel y cinco de inhabilitación, le atribuye haber estado al frente de una serie de decisiones que habrían permitido a la sociedad Promociones Internacionales en Costa SA levantar 60 viviendas, dos locales y un garaje subterráneo. Y ello merced a haberle otorgado «más de toda la edificabilidad sobrante del subpolígono P-1, y privando a otro de los propietarios de su edificabilidad».

«Venía todo informado»

«Son el arquitecto y el jurídico quienes, ante la propuesta de un promotor, informan de si es correcta. Y si dicen que es así y el secretario municipal me dice que todo está bien, pues firmo el decreto. ¡A mí no me entraba en la cabeza que se pudiera estar cometiendo una ilegalidad si venía todo informado por los técnicos y visto por el secretario!», insistió.

Cuando el letrado de la acusación particular le hizo notar que estaba vertiendo toda la responsabilidad del asunto sobre los técnicos municipales, Hernández lo negó: «No es así. Y es que además estoy totalmente de acuerdo con lo que hicieron».

El interrogatorio realizado por el acusador privado fue creciendo en tensión hasta llegar incluso a renunciar a seguir interrogando al exalcalde: «Para que responda como lo está haciendo, sin contentar a nada de lo que se le pregunta, mejor que se acoja a su derecho a no declarar», se quejó al tribunal. Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, presididos por José Manuel Nicolás Manzanares, recordaron al letrado que el acusado era libre de responder como quisiera.

A preguntas de su abogado, José Antonio García Sánchez, el político ya retirado finalizó su intervención arremetiendo contra el arquitecto Felipe Iracheta, quien ejerce como perito en esta causa. «Cuando perdí las elecciones en 2007 y llegó a la alcaldía la señora que había estado todo el día denunciándome en la Fiscalía, contrató a dedo a Iracheta no se sabe muy bien para qué. Decían que para revisar el Plan General, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que es seguro es que cobrar del Ayuntamiento sí ha cobrado».

Junto a Hernández están acusados el arquitecto municipal Miguel Botella y el jurídico Francisco Javier Gracia. Ambos negaron haber vulnerado la ley para otorgar más edificabilidad de la que le correspondía a una promotora. Botella restó importancia al hecho de que la superficie de una parcela se hubiera incrementado sin sentido aparente, e insistió en que lo único trascendental era el volumen de obra que se le autorizaba. Y señaló que eso no había cambiado.

Sí reconoció que otras tres promotoras, que edificaron bloques de viviendas en Las Brisas en años anteriores, se excedieron en la edificabilidad, en perjuicio de otros propietarios de parcelas en ese polígono, y que nada se hizo desde el Ayuntamiento para tratar de restablecer la legalidad urbanística.

Por su parte, Gracia sorprendió a los presentes en la vista al reconocer que el Consistorio de San Javier estuvo aplicando durante años unas normas subsidiarias que no estaban en vigor, ya que no habían sido publicadas. Adujo que eran mucho más favorables para el interés público.

Antes de iniciarse los interrogatorios, tanto el acusador público como el privado renunciaron a mantener los cargos contra el promotor Ángel García Cantó, al considerar que los supuestos delitos que le atribuían habrían prescrito. De ahí que pudiera levantarse del banquillo y abandonar la sala de vistas, ya totalmente exculpado.

El juicio proseguirá en los próximos días con las declaraciones de testigos y de varios peritos, tanto designados por el juzgado como por las defensas.

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