El estudio de la reforma de la ley del Mar Menor, cinco meses olvidado

Es más, un repaso al listado de comparecientes que pidieron tanto PP como PSOE (Vox abandonó estos trabajos y Podemos no llegó a participar en ellos) arroja que aún tendrían que comparecer en esa comisión otras 46 personas, entre representantes de asociaciones empresariales (entre ellas, algunas importantes del sector agroalimentario), regantes, científicos y profesores universitarios, asociaciones vecinales y ecologistas.

Ni PP ni PSOE se atreven a dar una fecha para arrancar de nuevo con las intervenciones. Fuentes de la formación popular explican que «se ha pedido en varias ocasiones en Junta de Portavoces que se retomen las comparecencias, pero nadie nos ha apoyado en este sentido». Los socialistas, por su parte, se mantienen en la misma línea que vienen manifestándose al respecto: «No es necesario modificar la ley». Para ellos, «el PP creó esta comisión para ganar tiempo en sus negociaciones con Vox, mientras la sigue incumpliendo».

Sin embargo, antes de que termine el actual periodo de sesiones el próximo junio, no podrá tramitarse tampoco ninguna reforma en ese sentido: el Pleno de la Asamblea rechazó a comienzos de mes otra iniciativa para cambiar la ley, en este caso de Podemos-IU-AV, y el reglamento del órgano legislativo no permite que en el mismo periodo se tramiten dos iniciativas con el mismo propósito.

Desde el Grupo Mixto, Víctor Egío acusa a PP y Vox de «seguir prometiéndole a los agricultores una reforma que no va a servir de nada». Según el diputado de la formación morada, esto es así porque se aplicarán nuevas normas y reglamentos aún más restrictivos que la ley regional, como el programa de actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y el programa específico para el Campo de Cartagena, así como las directivas europeas.

Solo unos días antes del debate de esta proposición, Vox solicitó una prórroga para la tramitación de su propuesta de reforma, similar a la que ya fue tumbada por la Asamblea en marzo de 2024. Para esa prolongación temporal, contaron con el apoyo del PP.

Cambiar esta ley siempre fue una exigencia para Vox. Primero, desde la negociación para la investidura de López Miras y, después, para apoyar los Presupuestos. De hecho, la paralización del trabajo de estudio en la Asamblea coincide en el tiempo, a finales del pasado año, con el momento en el que Santiago Abascal frenó en seco, en todo el país, las aspiraciones de apoyar al PP en la tramitación de las cuentas públicas en diferentes territorios, entre ellos la Región de Murcia. Varios meses después, los cambios en esta norma siguen estando en los argumentos recurrentes de Vox para marcar su agenda al Ejecutivo popular.

El líder de esta formación, José Ángel Antelo, sin embargo, intenta acercar ahora al PP a la modificación que pretenden llevar a cabo. «Sabemos que no será nuestra reforma», asegura a LA VERDAD, porque reconoce que cuando se inicia la tramitación «entra un texto y puede salir otro». Por eso, subraya que «no tenemos ningún problema en consensuar un texto con ellos».

Casi cuatro años después de su entrada en vigor, se habla de reformar la ley mientras, por otra parte, aún sigue pendiente la aprobación del plan de ordenación de la cuenca vertiente (Antelo reconoció en la Asamblea que lo tiró «a la basura» cuando ostentaba las competencias en la materia como vicepresidente autonómico). La tarea está ahora en manos de la Consejería de Fomento de Jorge García Montoro. A esta 'patata caliente' todavía le quedan muchas vueltas por dar en el horno de la política.

De forma paralela a los diferentes intentos y proposiciones que en la Asamblea han pretendido actuar sobre la ley del Mar Menor, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a Fecoam y Proexport, remitieron en octubre de 2024 a la Asamblea Regional un documento con observaciones y propuestas elaboradas por sus técnicos «con el objetivo de mejorar y adaptar la ley», según detallaban al comienzo de ese informe de casi sesenta páginas, en el que también hacían hincapié en que «la hiperregulación normativa a la que ha sido sometido el sector agrícola en el Campo de Cartagena en un periodo de ochos años no tiene parangón».

«No hemos vuelto a saber nada, ni media palabra; estamos igual que estábamos», responde el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, a preguntas de LA VERDAD sobre si ha habido algún tipo de respuesta o contacto al respecto de ese trabajo. Mientras tanto, lamenta que agricultores y ganaderos siguen «sufriendo una presión normativa injusta» por la aplicación de un texto legal en el que se hizo «una restricción genérica al sector primario, con criterios discutibles». Para el presidente de la coordinadora agraria, «hubo entonces una respuesta poco acertada, precisa y rigurosa».

Esta próxima semana, será la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, la que tenga que responder sobre la aplicación de esta ley en la Asamblea Regional. Lo hará en la sesión de control del viernes, donde Vox solicitó su comparecencia para que explique el efecto que está causando esta normativa en el desempeño de la actividad agraria en el entorno de la laguna.

Antes de eso, el sector primario también estará de nuevo presente en el hemiciclo autonómico el martes por otra serie de cuestiones. En el Pleno de impulso al Gobierno, tanto PP como PSOE y Vox elevan diferentes mociones relacionadas con el futuro del Trasvase Tajo-Segura o relativas a las ayudas para los agricultores afectados por los daños causados por el pedrisco.