Estrasburgo ampara a una letrada murciana a la que el Supremo desatendió

El fallo concluye que la actuación del Supremo «supuso un formalismo excesivo que implicó una aplicación no razonable y particularmente estricta de formalidades procesales, que restringen injustificadamente» el acceso a un tribunal. Añade la sentencia que el TS no dio a la demandante la oportunidad de remediar cualquier nueva deficiencia en el recurso de apelación, por lo que «restringió su acceso a un tribunal hasta el punto de que se vio afectada la esencia misma de ese derecho».

Por ello, el TEDH considera que España vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial».

Sostiene el fallo que «no se puede decir que la demandante o su representante actuaron negligentemente o erraron presentando el recurso de casación».

Por estas razones, la condena contra el Estado español incluye una indemnización a la demandante de 9.600 euros por daños morales y de otros 10.000 por gastos y honorarios.