Un encausado por el crimen del Bando evita 'in extremis' el juicio por asesinato

Mariano S. G., seguido por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, en junio de 2018, cuando se disponía a entregarse. / vicente vicéns. / agm
Mariano S. G., seguido por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, en junio de 2018, cuando se disponía a entregarse. / vicente vicéns. / agm

La juez establece que solo podrá ser enjuiciado por los dos puñetazos que le dio a la víctima y lo exculpa de la muerte

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Los hechos son, vienen a ser, los siguientes: En la noche del 3 de abril de 2018, jornada en la que se celebraba el Bando de la Huerta, dos amigos, Manuel M. U. y Mariano S. G., se vieron enzarzados en una discusión por motivos triviales con otro hombre, Francisco Javier Pastor Mesquida, en la calle Río Mula de Murcia, en las proximidades del Hospital Reina Sofía. En un momento dado, Mariano S. G. asestó un par de puñetazos a Francisco Javier y mientras lo sujetaba por el chaleco huertano -o no, pues esa es una de las circunstancias más cuestionadas-, su rival fue presuntamente acuchillado, súbita y mortalmente, por Manuel M. U., quien escapó a la carrera del lugar. Los dos encausados se entregaron por separado unos días más tarde.

A lo largo de la investigación judicial, que se ha prolongado algo más de un año, la mayor controversia se ha derivado no tanto de la supuesta implicación de Manuel M. U., señalado como aparente autor material de las letales cuchilladas, sino del concreto grado de responsabilidad penal que cabría atribuirle a su amigo Mariano. ¿Sería cooperador necesario o coautor del asesinato, en el caso de haber mantenido agarrado por el chaleco a la víctima cuando esta fue apuñalada? ¿Tendría que responder simplemente de las leves lesiones que en apariencia causó a Francisco Javier con los «guantazos», como los definió, que le propinó?

La discusión jurídica se ha mantenido hasta ahora mismo, en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, acaba de poner el punto y final al debate con la exculpación de Mariano S. G. de cualquier relación con el crimen. Será juzgado, sí, pero simplemente por las presuntas lesiones leves que habría causado al joven luego asesinado.

La instructora admite que había «una incongruencia omisiva», ya que no decidió sobre la petición de archivo

El sobreseimiento de Mariano respecto del delito de sangre acaba de producirse 'in extremis', cuando ya parecía encaminarse irremisiblemente hacia el banquillo, y por una vía mucho más que inusual: la petición de subsanación del auto de apertura de juicio realizada por su abogado defensor, Raúl Pardo-Geijo Ruiz.

La magistrada emitió el pasado 7 de junio una resolución por la que conducía a juicio tanto a Mariano S. G. como a Manuel M. U., pero sin especificar cuáles eran los cargos delictivos que pesaban sobre cada uno. Y ello dejaba abierta la posibilidad de que su cliente, el de los «guantazos», tuviera que acabar respondiendo de su supuesta participación en el crimen, y además ante un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos legos en derecho.

Cierto es que el Ministerio Público, en su escrito de calificación, ya había renunciado a acusar a Mariano S. G. de haber cooperado en la muerte, pero la acusación particular insistía en acusarlo del asesinato y reclamaba una condena nada menos que de 25 años de prisión. También solicitaba el pago de indemnizaciones que sumaban 210.000 euros y que pedía que afrontara solidariamente junto a Manuel M.U.

En esta tesitura, Pardo-Geijo Ruiz se jugó hace unos días la última y poco explorada vía, al menos para estas cuestiones, de presentar una solicitud de subsanación para reclamar a la magistrada instructora que aclarara, expresamente, por qué delito concreto llevaba a juicio a su cliente. En el escrito aprovechaba para recordar el argumento de que, aun en el caso de que Mariano S. G. hubiera tenido agarrado por el chaleco a la víctima cuando esta fue acuchillada, ello no supondría que hubiera participado en el asesinato -ni como coautor, ni como cooperador, ni como cómplice-, pues sostiene que de ninguna manera podía conocer que su amigo llevaba un arma oculta entre las ropas, y mucho menos que se disponía a utilizarla.

Pese a la oposición de la acusación particular, que no ha ahorrado esfuerzos para sostener que Mariano debía sentarse en el banquillo como acusado por el crimen y que debía ser el jurado popular el que determinara si influyó o no en el trágico desenlace y si debía pagar con cárcel por ello, la instructora ha acabado otorgando la razón a la defensa. Admite la magistrada que existía en su auto una «incongruencia omisiva», al no haber resuelto expresamente la petición de sobreseimiento de la defensa, y acaba dictaminando que solo debe ser juzgado por lesiones leves. «Su actuación no fue condición 'sine qua non' para que pudiera cometerse y consumarse el delito de asesinato», concluye.

Al final, Mariano solo responderá de sus dos «guantazos».