Encarna Muñoz: «Nunca di instrucciones ni traté de influir en algún técnico»

El de ayer era el primer día dedicado a las declaraciones de los acusados. Una jornada que, sin embargo, se vio interrumpida por los problemas técnicos en el juzgado, que, tras escuchar a Muñoz, obligaron a aplazar a hoy el interrogatorio del ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, también procesado en esta causa. Este apenas pudo responder a unas preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, antes de que el sistema de grabación se fuese al traste. Segundos antes, la magistrada presidenta, Concepción Roig, le había solicitado que rebajase «la tensión» a la hora de dirigirse al representante del Ministerio Público.

Alvarado, que afronta una pena de cuatro años y medio de cárcel y otros tantos de inhabilitación, sí llegó a contestar a unas preguntas sobre el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Zerrichera y sobre la declaración de la instructora del mismo, que aseguró que, tras su nombramiento, no volvió a ver el expediente y que este quedó en manos del ex director general. «Eso es rotundamente falso», subrayó Alvarado, antes de achacar esas acusaciones de la técnico a la «animadversión» que esta sentía hacia él y que se había materializado, incluso, en una denuncia por presunto 'mobbing'.

El ex director general de Calidad Ambiental también incidió en que Muñoz y él «nunca hablamos sobre este tema» -en relación al procedimiento de recalificación de la finca aguileña-.

La ex directora general de Medio Natural, por su parte, remarcó una y otra vez que no llevó a cabo maniobras desde su cargo para impulsar la recalificación de este paraje, que contaba con hasta cuatro figuras de protección diferentes. La procesada, que afronta diez años de inhabilitación, se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones populares y no fue interrogada por las defensas. El fiscal le preguntó por el expediente de modificación del plan general de ordenación urbana que había instado el Ayuntamiento de Águilas y que el propio consistorio había archivado al conocer un informe ambiental suscrito por el antecesor de la acusada, Carlos Brugarolas. Ese informe, subrayó Lozano, era concluyente al decir que la actuación urbanística propuesta se consideraba «incompatible» con la conservación de los valores naturales de la zona.

«Me limité a dar trámite a un expediente administrativo», remarcó Muñoz y sostuvo que ese expediente no estaba finalizado y que se vio obligada a remitirlo al organismo que, a su entender, tenía la competencia. «No se archiva un expediente por cerrar una carpeta», incidió.

La ex directora general aseguró a lo largo de su interrogatorio, en el que llegó a las lágrimas, que en el momento de los hechos apenas llevaba cinco meses en su cargo y subrayó que siempre confió y dio libertad al criterio de sus técnicos. «Nunca di instrucciones a nadie». Al ser preguntada por el fiscal sobre si trató de influir en su equipo para que no se opusiese al proyecto se mostró rotunda: «Nunca, nunca, nunca».