Educación adelanta también la selección de directores para esquivar la 'ley Celaá'
Con la reforma, la valoración del proyecto de dirección y la baremación de méritos no serán definitivos en la designación, que se decidirá por votación
La Consejería de Educación repite jugada para esquivar la 'ley Celaá' en otro de los procesos clave para el próximo curso. Como ya hizo con el de admisión de alumnos, ... adelantará a la próxima semana el de selección de directores de colegios e institutos, también en este caso porque no comparte los nuevos criterios marcados por la reforma.
La estrategia en las comunidades del PP dirigida por el presidente del partido, Pablo Casado, consiste en ir boicoteando cuantos desarrollos de la reforma educativa sea posible en las autonomías. Así, esta semana Murcia y Madrid han iniciado ya el proceso de admisión de alumnos con la publicación del decreto en sus respectivos boletines oficiales.
23 de diciembre
La Región de Murcia dará esta semana un paso más en la misma dirección al adelantar el inicio del procedimiento de selección de directores. También en este caso, la Lomloe avala a las comunidades que hayan iniciado esos trámites antes de la sanción de la ley, que está prevista para el 23 de diciembre. En el apartado dedicado al calendario de aplicación de la nueva ley, se especifica que «los procesos relativos a la elección de director que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse». Así, la Consejería de Educación ha visto otra vía abierta para burlar la ley, y quiere dejar cerrada la publicación del decreto de la selección de directores en los primeros días de la próxima semana. De esa manera, el proceso se regiría por los criterios actuales.
La estrategia del PP es ir boicoteando cuantos desarrollos de la reforma educativa sea posible en las autonomías que dirige
Las principales diferencias entre uno y otro sistema se refieren al peso que los méritos y los proyectos presentados por los candidatos tienen en la decisión, al carácter decisivo del voto de las comisiones y a la prioridad que la reforma da a los docentes que ya imparten clase en un centro.
La reforma da prioridad a las candidaturas presentadas por docentes del centro educativo al que se concursa, lo que no convence a la Consejería
La 'ley Celaá' establece que los criterios objetivos de selección (proyecto de dirección y baremación de méritos) se tendrán en cuenta, pero no son vinculantes para la elección del director, que se realizará mediante una votación democrática de los miembros que componen la comisión. La reforma da prioridad además a las candidaturas presentadas por docentes del centro al que se concursa. Para la Consejería de Educación, esas dos novedades «no avanzan en la necesaria profesionalización de la función directiva, ni en la rendición de cuentas del proyecto del director ante la Administración».
'Statu quo'
Para evitar el cambio de criterios, Educación publicará en los próximos días la convocatoria del proceso. Al igual que con el adelanto de la admisión de alumnos, esas maniobras solo permiten mantener el 'statu quo' que quiere preservar el PP un curso más, ya que para el siguiente la reforma habrá entrado en vigor. «Este sistema de elección no asegura que la designación recaiga en el gestor más profesional. Es por ello que publicando ya la convocatoria, aseguramos que este proceso se regirá en estricto cumplimiento de la Lomce, que ha permitido, por ejemplo, el acceso a la directiva de muchos centros a docentes que, sin pertenecer al claustro de ese centro, desarrollan una excelente labor gestora», asegura Educación.
Los conciertos están blindados en Murcia solo hasta 2023
Las subvenciones que actualmente reciben los 124 colegios concertados de la Región están 'blindadas' solo hasta 2023, que es el año en que vence la actual orden de conciertos. La Consejería de Educación no tiene intención, de momento, de ampliar la duración de los conciertos educativos de seis años a diez, como ha hecho la Comunidad de Madrid para 'proteger' la escuela concertada hasta el año 2027. Al menos así lo aseguró esta semana, aunque no es descartable un cambio de criterio.
La orden de subvenciones para los centros de titularidad privada pero sostenidos con fondos públicos en vigor fue aprobada en enero de 2017, y su vigencia se extiende por seis años, hasta 2023. Esa normativa aportó dos novedades polémicas y de calado. La primera, su vigencia, de seis años, en lugar de los cuatro que eran habituales hasta ese momento. La ampliación, defendió Educación en su día, buscaba otorgar estabilidad a los más de 6.000 trabajadores del sector, pero los sindicatos ya denunciaron en aquel momento que el propósito final era dejar el sistema de reparto de fondos «atado» frente a cualquier cambio político.
Esa orden fue la que introdujo la novedad de incluir Bachillerato como etapa susceptible de subvencionar. Desde ese año, se concedieron subvenciones a más de una veintena de colegios concertados, que lograron que se les financiaran los cursos de Bachillerato para más de cincuenta unidades, y que seguirán aumentando por el crecimiento vegetativo. En principio, y también salvo cambios de última hora, no deben añadirse nuevos centros para Bachillerato, pero en cualquier caso las solicitudes se presentarán en enero, como todos los años.
Según las condiciones marcadas, solo pueden acogerse a la financiación pública aquellos centros que ya estén impartiendo Bachillerato y que, además, mantengan conciertos en el resto de niveles educativos, desde Infantil a Secundaria, para varias unidades. En la práctica, esas cláusulas cierran la puerta a decenas de centros concertados de tamaño medio.
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