Sacar las nuevas pensiones de viudedad de la Seguridad Social le daría 20 años de superávit

Un grupo de pensionistas en Miranda de Ebro (Burgos)./
Un grupo de pensionistas en Miranda de Ebro (Burgos).

La Fundación Inverco insta a que empresa y trabajadores destinen un 4% de su cotización a complementar su futura prestación pública

JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El traspaso del coste que conlleva el pago de las pensiones de viudedad y orfandad desde la Seguridad Social a los presupuestos del Estado permitiría que el sistema de pensiones volviera al superávit en sus cuentas a partir de 2022 y que se mantuviera en positivo durante casi dos décadas, al menos hasta 2038. Así lo estima la Fundación Inverco en un informe en el que propone varias medidas para impulsar los planes de pensiones, en el que aclara que esta medida -que ya está valorando el Pacto de Toledo- se llevaría a cabo con las pensiones que se activen cuando se ponga en marcha esta solución, y no con respecto a las que ya se encuentran en vigor.

Esta puntualización es relevante, porque derivar todas las prestaciones que no cubren la jubilación -unos tres millones de pensiones- a las cuentas públicas supondría un gasto extraordinario de más de 20.000 millones cada año. Se trata de una posibilidad que los grupos parlamentarios no se plantean aplicar al ser conscientes de lo que supondría para los presupuestos del Estado, según indican fuentes cercanas a la negociación del nuevo sistema de Seguridad Social.

Los cálculos de la Fundación Inverco estiman que con el traslado de la viudedad y la orfandad al erario público, para que la Seguridad Social solo se encargue de financiar las prestaciones por jubilación, implicaría el superávit del sistema, que alcanzaría un máximo de hasta el 0,5% del PIB en el año 2030, y que duraría hasta 2038. Después entraría en un ligero déficit hasta 2050, para volver a positivo en los ejercicios posteriores. Al mismo tiempo, el Fondo de Reserva de las pensiones acumularía valores positivos en períodos alternativos hasta 2053 con superávits sucesivos que llegarían a representar el 33% del PIB en 2075. Para el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, esta posibilidad "aliviaría el sistema dos décadas" porque "lo sensato sería establecer un modelo en el que el equilibrio se estabilice durante más años".

Sería la primera de las medidas a aplicar por el Pacto de Toledo, y la que más posibilidades de implantación tendría. Porque la siguiente consistiría en instaurar un sistema de capitalización obligatorio para trabajadores y empresas con el que poder acumular un ahorro adicional de cara a la jubilación, más allá de la pensión pública correspondiente. "Cada empleado aportaría un 2% de su base de cotización, más otro 2% por parte del empresario a deducir de las cotizaciones", ha explicado Martínez-Aldama.

Es decir, que el empleado debería asumir un 2% más de cotización, que se sumaría a la del 4,7% actual, aunque el empresario lo detraería del 23,6% que ya aporta por contingencias comunes, "para que los costes laborales no se incrementen", según la Fundación Inverco. Con esta medida, la tasa de sustitución del año 2050, que según los cálculos de la organización se situaría en el 27%, mejoraría en 5,2 puntos. Es decir, que la pensión de jubilación podría cubrir casi un tercio del último salario, frente a las actuales prestaciones, que representan un 75% de ese sueldo previo al jubilarse. Sin embargo, Ángel Martínez-Aldama no ha querido aclarar cómo se gestionaría esa aportación adicional del trabajador y el empresario, es decir, si se realizaría a través de un fondo público u otro gestionado por entidades privadas.

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