Incendio discotecas Murcia

El dueño de Teatre afronta seis años de cárcel por una presunta estafa con préstamos «leoninos»

Los hechos que deben llevar a juicio en los próximos meses a Inglés Rojo, administrador único desde 2018 de la discoteca incendiada, se remontan 16 años atrás. Según explica el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, en 2007 el empresario se apropió de diversas cantidades de dinero que algunas personas le entregaban para invertirlas en operaciones financieras diversas. En esas operaciones presuntamente Inglés Rojo les prometía un rendimiento mucho más elevado al que ofrecían los bancos. Les trataba de convencer, además, de que eran operaciones perfectamente legales por las que se llevaba, en ocasiones, una comisión.

Para ello, explica el fiscal, el procesado además de hablar con esos 'inversores', establecía contacto con personas con «agobiantes apuros económicos y necesidad inmediata de liquidez» a los que les entregaba el dinero que los primeros le daban. Para devolverlo supuestamente firmaban un pagaré a pocos meses vista por el importe de lo prestado más un 20% de interés. Ese pagaré, sujeto a garantía hipotecaria, se lo entregaba a los 'inversores'.

El Ministerio Público hace hincapié en que esos préstamos eran «casi leoninos» por el rédito, las condiciones de concesión, el plazo breve de devolución y la «abismal» diferencia entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble que lo garantizaba. Con esa realidad, normalmente no se podían pagar y en esos casos entraba en acción la garantía hipotecaria que contenía. En esos casos, sostiene el fiscal en su escrito, el sospechoso se encargaba de ejecutar el pagaré «pero se cuidaba mucho de ejecutar la hipoteca personalmente y lo endosaba a algunas entidades cuyos administradores eran personas próximas a él o simples testaferros que se limitaban a seguir sus instrucciones» y que, recalca el fiscal, no se ha podido probar que conocieran el origen del dinero. En esas sociedades, explica el fiscal, tenían participación, entre otros, su exmujer, su hijo y un abogado.

El Ministerio Público explica que, más allá de esta práctica, el acusado llevaba a cabo en ocasiones otras maniobras. A veces el acusado recibía el dinero de los 'inversores' y, tras incorporarlo a su patrimonio, les entregaba un pagaré, que él mismo confeccionaba, supuestamente aceptado por una persona cuyos datos conservaba el acusado de gestiones anteriores y que el propio Inglés, como primer tomador, endosaba al inversionista. El pagaré estaba garantizado con una hipoteca cambiaria inexistente, cuya escritura de constitución el acusado falsificaba y entregaba al inversor. Vencido el plazo e impagado el efecto, el sospechoso reclamaba de los acreedores el pagaré original y se ofrecía, por una comisión a instar su ejecución, entregando una simple fotocopia del mismo como recibo y resguardo. Como al fin deudor e hipoteca eran imaginarias, nada se ejecutaba y el acusado, cuando le pedían el dinero, daba largas a los prestamistas, pretextando retrasos en la tramitación judicial.

En marzo de 2012, tras recibir la denuncia de varios de los afectados, los agentes del grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvo al empresario y registró varios domicilios asociados a este en Murcia capital y la pedanía murciana de Santo Ángel. El fiscal reclama seis años de cárcel y un multa de 3.600 euros, además de la obligación de indemnizar a los seis afectados -inicialmente eran bastantes más- en más de 400.000 euros más los intereses legales.