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Imagen del pleno de la Asamblea Regional de este jueves. Pablo Sánchez / AGM

La Asamblea aprueba la ley de Aceleración Económica tras un intenso debate y una votación nominal

PP y Cs sostienen que es una herramienta para reforzar el modelo económico regional y PSOE y Podemos denuncian la inconstitucionalidad de algunos artículos

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Jueves, 1 de enero 1970

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La ley de Aceleración Empresarial quedó aprobada este jueves en un intenso Pleno celebrado en la Asamblea Regional gracias a los votos a favor del PP y Ciudadanos (Cs). Los diputados del PSOE y de Podemos votaron en contra al hacer suyos los argumentos de los servicios jurídicos del Parlamento murciano, que en dos informes sobre el texto normativo han advertido sobre la posible inconstitucionalidad de varios artículos. Por ello, la votación fue nominal; los partidos que se oponen a la ley anunciaron recursos de inconstitucionalidad y, en el caso de Podemos, llevarla a la Fiscalía.

Donde el PP y Cs ven una herramienta para favorecer la actividad económica y el mantenimiento de 50.000 puestos de trabajo de 20.000 empresas que se encuentran en situación alegal por falta de encaje jurídico en las normas urbanísticas de sus municipios, los otros dos partidos interpretan que hay una anmistía a negocios que incumplen la ley y una rebaja de las restricciones medioambientales para la actividad empresarial. El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, se felicitó por tener una ley que favorecerá el crecimiento empresarial y la generación de empleo.

«El PP tiene claro que esta ley es buena para los murcianos y para la Región de Murcia. Por eso votamos que sí», destacó el portavoz del Grupo Popular, Víctor Manuel Martínez, quien rechazó las críticas del PSOE y Podemos de legislar a la carta para que los «amigotes» tengan «atajos» legales para mantener sus negocios. Martínez subrayó que la norma avanza en un modelo de generación de riqueza y creación de empleo emprendido por el Gobierno de Fernando López Miras. «Con los usos provisionales damos seguridad a 20.000 empresas que hoy no tienen certidumbre y que pueden cerrar mañana, salvo si, como anuncian, los 28 ayuntamientos socialistas no van a utilizar la ley. Y, ¿saben qué sucedería entonces? Que 50.000 trabajadores irían a las listas del paro. ¿Se crea empleo o no se crea empleo?«, preguntó Martínez.

El portavoz popular también rechazó las críticas de la oposición por haber impulsado esta norma con el asesoramiento de la patronal regional Croem, pues las medidas afectan a empresas, y como ejemplo recordó que Podemos y PSOE elaboraron la ley de Vivienda de la mano de asociaciones de afectados por los desahucios. «Viven anclados en el tacticismo político y solo piensan en las elecciones del mes de mayo. Esta ley durará mucho tiempo», auguró.

En su opinión, el medioambiente está salvaguardado por esta y otras normas aprobadas durante las últimas legislaturas. También garantizó seguridad jurídica a la aprobación de las normas transitorias urbanísticas que necesita Cartagena, mientras elabora un nuevo plan general de ordenación urbana que sustituya al anulado por el Tribunal Supremo hace dos años. Como los socialistas y los diputados de Podemos se oponen a este segundo aspecto, Martínez recordó que Castellón y Denia, donde gobiernan formaciones de izquierdas, tienen desbloqueado su urbanismo con idéntico recurso, validado por el gobierno socialista de la Generalitat Valenciana.

El Grupo Parlamentario Socialista puso de relieve durante el debate los aspectos probablemente inconstitucionales que los servicios jurídicos de la Cámara autonómica han advertido en los dos informes que han emitido sobre el texto original de la ley y las enmiendas planteadas por los proponentes. El diputado Alfonso Martínez Baños acusó al PP y a Ciudadanos de «menospreciar la Constitución Española», eso que «tanto critican cuando se trata de Cataluña». «¿Cómo nos piden que apoyemos una ley que vulnera la norma básica estatal?», cuestionó. También preguntó al portavoz de Cs «qué clase de presiones» ha recibido para apoyar la proposición de ley.

Los socialistas mantienen que lo que quieren los empresarios es tener seguridad jurídica en sus inversiones y no una ley que puede ser declarada inconstitucional dentro de unos años. Según Martínez Baños, lo más sensato es adaptar las actividades industriales a los planeamientos urbanísticos de los municipios en lugar de hacer una ley para regularizar las 20.000 empresas que, según el PP, saldrán de un limbo legal con esta nueva norma de simplificación administrativa. «Lo que usted quiere, señor López Miras, es convertir la Región en un paraíso del libertinaje económico», sentenció Martínez Baños.

A las críticas sin matices se sumaron los diputados de Podemos, cuyo portavoz, Óscar Urralburu, anunció que su partido no solo presentará recurso de inconstitucionalidad sino que también llevará la tramitación a la Fiscalía. «Esta ley es una catástrofe normativa que, si el Tribunal Constitucional no lo impide, se va a convertir en un desastre medioambiental, urbanístico, social y de salud pública. Es el peor testamento que nos podía dejar el PP después de años de despropósitos», aseguró. Para Podemos, la ley es la plataforma adecuada para «repetir el modelo productivo depredador, injusto, ineficaz, inútil, que ha convertido a Murcia en la comunidad autónoma más pobre del país», según Urrralburu, quien destacó que el texto carece de medidas para la calidad del empleo. En su intervención, agregó que el PP y Cs pretenden legalizar ahora industrias en terrenos naturales, rebajar las normas medioambientales para actividades empresariales y facilitar la implantación de empresas del juego, entre otros objetivos.

Miguel López Morell, de Ciudadanos, rebatió a los partidos de izquierdas con el argumento de la necesidad de hacer las cosas más fáciles y resolver problemas antiguos. «Podríamos debatir hasta el infinito, pero de lo que se trata es de buscar solución a problemas que angustian a muchísimos murcianos», aseguró. En su opinión, tanto PSOE como Podemos, vierten «falsedades», porque «esta ley, en ningún caso, crea atajos legales, no es amnistía para nadie ni legaliza actividades ilegales». López Morell reconoció que la norma se mueve en un terreno jurídico complicado y que genera un debate que en su opinión enriquece. «Ciudadanos tiene su conciencia muy tranquila sobre esta tramitación. La defiende hoy y en el futuro. Tienen derecho a recurrirla, pero no a faltar a la verdad», agregó.

López Morell destacó que la ley plantea soluciones a problemas que se generan en los municipios y que serán los ayuntamientos los que tengan la última palabra en trámites como la concesión de una licencia de actividad en función del uso provisional, para lo cual se ha establecido en el texto normativo aprobado este jueves un encaje legal. Los proponentes han tenido en cuenta, aseguró, que un tercio de los ayuntamientos murcianos aún regulan su urbanismo con normas subsidiarias y otros tantos tienen caducados sus planes generales de ordenación urbana. También se refirió al caso concreto de Cartagena, cuyo gobierno municipal reclama unas normas transitorias urbanísticas y esta nueva ley le facilita un marco legal para desbloquear los proyectos que no requieren evalución de impacto ambiental. «Es una nueva contradicción, una incoherencia», dijo López Morell a los socialistas. «En suma, venimos a solucionar de una tacada un montón de problemas antiguos. Buscamos el futuro y bienestar de los murcianos», insistió y avanzó que si el Constitucional rechaza la norma en Cs respetarán la decisión.

El Pleno fue seguido por una amplia representación de la Croem, de sus asociaciones empresariales vinculadas y de las Cámaras de Comercio de la Región.

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