Detienen a los responsables de la residencia ilegal de Murcia

Detención del hijo de la familia responsable del centro, este lunes. /Nacho García / AGM
Detención del hijo de la familia responsable del centro, este lunes. / Nacho García / AGM

La Policía imputa a los tres arrestados delitos de coacciones, detención ilegal, apropiación indebida, estafa e intrusismo, lesiones, trato degradante, organización criminal, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y de robo con violencia

EPMurcia

La Policía Nacional procedió este lunes a la detención de los tres responsables de la residencia de ancianos ubicada en el centro de Murcia e investigada por irregularidades, según informaron fuentes cercanas al caso. En concreto, los detenidos son un matrimonio y su hijo, a quienes se les imputa la presunta autoría de 11 delitos, entre ellos estafa, detención ilegal, pertenencia a una organización criminal y contra la salud pública.

Los agentes se desplazaron a la residencia para efectuar los registros, que han comenzado a las 11.30 horas. Tras más de seis horas, los agentes se marcharon tras requisar material informático, armas y diversa documentación, así como medicamentos.

La Policía Nacional se trasladó a otro local de los detenidos, que está en las inmediaciones, para completar los registros. Se prevé que los tres detenidos agoten el plazo máximo de las 72 horas y no pasen a disposición judicial hasta el jueves.

«Igual que el primer registro»

Al concluir la operación, el abogado de los detenidos, Fermín Guerrero, atendió a los medios para lamentar que este segundo registro ha sido «exactamente igual que el primero», ya que los agentes «han vuelto a revisar la misma documentación y han visto lo que había, nada diferente a lo de la vez anterior».

A su juicio, este segundo registro fue «un tanto sorprendente», y corroboró que los agentes han revisado documentos, la mayor parte de los cuales «no tenían relación con nada» ya que eran de índole privada o de terceras personas. Asimismo, los policías encontraron algo más de mil euros en las instalaciones.

El abogado confirmó que los investigadores de la Policía Nacional han encontrado unas escopetas que «estaban en el anterior registro», cuando los agentes «pidieron la correspondiente autorización para saber si tenían licencia, y la tenían». Este lunes, en cambio, se llevaron las armas, cosa que Guerrero cree que «podían haber hecho el otro día igualmente».

Al ser preguntado por la cantidad de delitos que imputa la Policía a sus defendidos, el letrado ironizó que «será por las horas que hemos estado» en el registro. «Yo no veo ninguno», subrayó el abogado, quien cree que «todo parte realmente de una cuestión administrativa, de un conflicto con la Consejería de Salud», al entender que el inmueble «podía ser o no residencia». De hecho, reconoció que hay un expediente administrativo abierto y se les ha sancionado con 3.000 euros. «Para ser una sanción, no es especialmente relevante ni se puede considerar muy grave», según Guerrero. A raíz de este hecho, explicó que hay una «coincidencia» con la denuncia de los familiares de uno de los residentes, que es lo que hace que «se monte esta situación».

Por otra parte, Guerrero negó rotundamente que los propietarios de estas instalaciones no dejaran salir a los residentes. «Eso es absolutamente falso, y ya no es mi palabra, sino que hay grabaciones de todos estos días parte de las cuales he visto, y en las que se ve que los ancianos estaban perfectamente, pero no hablaban muy bien de sus familiares, precisamente», concluyó.

Guerreo señaló que los detenidos informaron de «todo lo que les pedían» y respondieron «a todo lo que podían responder». En su opinión, la búsqueda de este lunes «ha sido una repetición de lo que pasó el otro día, en los mismos días, aunque más exhaustivo, pero el resultado ha sido el mismo».

La Policía se llevó «una serie de proteínas» y otras sustancias «de uso privado» que «también estaban en el anterior registro» y «siguen en el mismo sitio». Por ello, remarcó que sus clientes «no son conscientes de que estuvieran cometiendo nada irregular».

Ahora, subrayó que sus defendidos han pasado a comisaría y entiende que la Policía agotará el plazo de 72 horas de detención, porque entiende que se han llevado «mucha documentación». Así, prevé que pasen a disposición judicial el próximo jueves. «Yo soy muy optimista porque no he visto nada, salvo muchísimas horas repitiendo lo mismo», concluyó.

Inicio de las investigaciones

Cabe recordar que la Policía Nacional estaba investigando esta residencia de ancianos ubicada en la calle San Antonio de Murcia. En concreto, estaba investigando a nivel personal a los ancianos, para averiguar si se habría incurrido en algún tipo de maltrato, al tiempo que llevaba a cabo una investigación a nivel sanitario para contrastar el tipo de atención que recibían. Asimismo, llevaba a cabo una investigación para comprobar si existía alguna estafa a nivel económico o ánimo de lucro.

En concreto, la operación es ejecutada por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y por el Grupo de Delitos Económicos del mencionado Cuerpo.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por la familia de una de las residentes a la que no dejaban ver presuntamente. Asimismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia también denunció la situación.