Un detenido y tres investigados por estafar 150.000 euros a empresarios agrícolas de Murcia y Alicante

Un agente de la Guardia Civil introduce en un coche a uno de los detenidos en la operación. /G. C.
Un agente de la Guardia Civil introduce en un coche a uno de los detenidos en la operación. / G. C.

El grupo delictivio arrendaba fincas sobre las que no poseía títulos de propiedad, contratos privados ni poderes

EPMurcia

La Guardia Civil ha desarrollado en Torre Pacheco la 'Operación Baltefarra', una investigación relacionada con presuntos delitos de estafa continuada a empresarios agrícolas de Murcia y Alicante. Se ha saldado con la desarticulación de un grupo criminal, cuyo líder ha sido detenido y otras tres personas han sido investigadas. Hasta el momento, se han esclarecido cinco hechos delictivos, alcanzando el valor de lo estafado rondaría los 150.000 euros.

La investigación se inició después de que un empresario del sector agrario denunciase una supuesta estafa en el arrendamiento de una finca. El denunciante comunicó que había contactado a través de internet con un individuo que ofrecía una propiedad para su explotación y cultivo. Después de concertar una cita, formalizaron el contrato de arrendamiento. Más tarde, descubrió que esta persona no era la propietaria de la explotación y que era víctima de una estafa.

La Benemérita localizó a otros empresarios que desconocían haber sufrido el mismo engaño y que habían arrendado al mismo sujeto otras parcelas sobre las que no poseía títulos de propiedad, contratos privados o poderes. Las pesquisas practicadas en torno al sospechoso, con antecedentes por delitos de la misma naturaleza y conocedor del sector agrícola, supuso destapar un entramado delictivo dirigido a la búsqueda activa de potenciales víctimas a través de anuncios en páginas web.

Los investigadores identificaron a otros tres individuos que participaban en la trama, uno de ellos con amplios conocimientos en el sector y con antecedentes por delitos similares. Esta información puso de manifiesto que se trataba de un grupo criminal jerarquizado, con una elevada movilidad geográfica, que organizaba sus tareas delictivas con solvencia y adoptando numerosas medidas de seguridad. Empleaban numerosos vehículos de alquiler en los que se desplazaban para examinar y seleccionar las fincas, así como detectar la presencia policial en los encuentros con sus víctimas.

Experto agrícola

El principal sospechoso y supuesto líder de la organización, con el objetivo de conocer al detalle todos los pormenores y poder presentarse ante sus futuros clientes como el auténtico propietario, estudiaba minuciosamente la productividad del tipo de cultivo por metro cuadrado, los sistemas de regadío y otras características técnicas. Cuando los interesados contactaban con él, les insistía en formalizar el contrato para consumar la estafa en el menor tiempo posible. La media del valor de arrendamiento anual por cada finca ascendía a unos 45.000 euros, que se materializaba con el pago de cierta cantidad de dinero en efectivo o mediante cheques bancarios. Para asegurar el cobro, solicitaba que le hiciesen una primera entrega de cerca de 9.000 euros.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un meticuloso dispositivo policial en el municipio alicantino de Cox, donde habían citado a una de las víctimas. El principal sospechoso se mantuvo fuera de la zona hasta el último instante, mientras otro realizaba tareas de vigilancia para asegurar el éxito.

El operativo culminó con la detención del supuesto cabecilla -varón, de 51 años, de nacionalidad española y vecino de Albacete- y con la instrucción de diligencias como investigada a una segunda persona -varón, de 53 años y vecino de Murcia- ambos como presuntos autores de delito continuado de estafa. La investigación ha finalizado con la identificación y localización en Murcia y en Torre Pacheco de otras dos personas -una mujer de 40 años y un varón de 54 años, españoles y vecinos de Murcia- a las que les han sido instruidas diligencias como presuntas autoras de los delitos. Los arrestados, la documentación y las diligencias están ya en manos del juzgado.