El 'caso desaladora' registra una oleada sin parangón de acusaciones populares

El denominado 'caso La Sal', que investiga una presunta trama delictiva montada en torno a la desaladora de Escombreras, empieza a ser considerado en muchos ámbitos de la Administración de Justicia como el asunto de supuesta corrupción más importante de la historia reciente en la Región. No solo por la cuantía que presuntamente habría podido ser malversada, pues se está investigando un compromiso de pago de hasta 600 millones de euros por parte de la Comunidad, sino también porque estas diligencias resultan a priori especialmente prometedoras en cuanto al número y a la cualidad de los altos cargos que podrían verse imputados.

Con tales perspectivas no debe extrañar el hecho de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que preside la magistrada María del Mar Azuar Fernández, venga registrando desde semanas atrás una oleada de peticiones por parte de asociaciones, instituciones y hasta de personas particulares para personarse como acusaciones populares.

Hasta el momento, la juez Azuar ya ha aceptado en el proceso a la Asociación Cívica contra la Corrupción, representada por la letrada Lucía Arias; al abogado y eterno litigante en este tipo de asuntos Diego de Ramón; el colectivo Contrapoder, en cuyo nombre actúa otro habitual querellante José Luis Mazón, y la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse). También han intentado personarse un destacado militante del PSOE de Puerto Lumbreras, Pedro Guirao Franco, y el exconcejal socialista Antonio López López -ambos ya litigantes en varias causas que afectan al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez-, aunque en esta ocasión la magistrada ha rechazado su petición al estimar que exponen un interés más personal, como vecinos de Puerto Lumbreras, que general. No es descartable que puedan volver a intentarlo, aunque justificando en esa ocasión su voluntad de servir a un propósito común.

En una doble condición

Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma, la instructora del llamado 'caso La Sal' ha aceptado ya que se persone en calidad de perjudicada, en virtud de las cuantías millonarias que podrían haber sido malversadas por la presunta trama que está bajo investigación. Sin embargo, en este punto la magistrada advierte de que la Administración regional deberá a la vez figurar como posible responsable subsidiaria, debido a que el supuesto saqueo de las arcas públicas se habría cometido con participación de altos funcionarios.

Lo mismo cabe decir de la sociedad Desaladora de Escombreras (DE), que si bien fue creada en su día por un grupo de empresarios, fue finalmente adquirida de forma íntegra por la Comunidad Autónoma. En este caso, la juez Azuar ha impuesto que la representación de Desaladora de Escombreras sea ejercida por una persona distinta a José Manuel Ferrer Cánovas, debido a que este se encuentra imputado en este procedimiento.

La única limitación que la instructora está poniendo hasta el momento a las acusaciones populares es la obligación de ejercer bajo una dirección común. En la línea ya apuntada por el Ministerio Público, la justificación a esta medida se encuentra en tratar de evitar que una posible reiteración de peticiones de prueba y recursos entorpezca la buena marcha del caso.

La imposición de actuar bajo una misma dirección obligará a las acusaciones privadas a elegir un representante y a consensuar las iniciativas legales que propongan. «La dirección letrada de la acusación popular no puede decidir unilateralmente y prescindiendo del criterio y opinión de los restantes integrantes», advierte la juez Azuar, que pone de manifiesto en una resolución que no se tramitarán sus solicitudes hasta que se haya elegido a un representante.