La desaladora de Escombreras relega el ladrillo para dar prioridad al regadío

Tras fracasar los convenios con los ayuntamientos para abastecer las nuevas urbanizaciones, ahora se destinará la mayor parte del agua a la agricultura

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

La polémica desaladora de Escombreras propiedad del grupo ACS y arrendada por el Gobierno regional a un alto precio, va a cambiar definitivamente su cartera de clientes para dar prioridad a los regadíos, dejando en un segundo plano los abastecimientos. Antes necesita que la Confederación Hidrográfica del Segura autorice el cambio de la concesión, lo cual significa modificar el objetivo para el cual fue concebida esta infraestructura: dar agua a los desarrollos urbanísticos proyectados a lo largo y ancho de la Región mediante convenios con los ayuntamientos; un planteamiento que fracasó, provocando, además, un agujero en las arcas de la Comunidad Autónoma.

La CHS sacó ayer a información pública la petición que hizo la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia (Esamur), que tiene a su cargo dicha desaladora tras desaparecer el Ente Público del Agua y las sociedades instrumentales que se crearon para dar soporte a un proyecto ahora judicializado. El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región seis meses después de que el anterior comisario de Aguas, José Carlos González Martínez, iniciara el expediente.

Permiso provisional

El cambio de uso propuesto significa darle carácter definitivo a una autorización provisional que concedió la CHS para primar los regadíos como medida excepcional debido a los estragos de la sequía. De esta forma, el organismo de cuenca permitió que casi toda el agua producida fuera a la agricultura si hacía falta, y de paso esta desaladora quedaba bajo el amparo del Real Decreto de Sequía aprobado por el Gobierno central. El Ejecutivo regional no ha ocultado su deseo de que la conflictiva planta de Escombreras quedara integrada en los planes del Ministerio.

Inicialmente, la desaladora tuvo una concesión inscrita en el Registro de Aguas con un volumen máximo de 22,8 hectómetros cúbicos anuales para los usos de abastecimiento, regadío e industrial en los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Los Alcázares, Murcia y San Javier. Estos volúmenes primaban los abastecimientos (15,8 hectómetros), y el resto se repartía entre los regadíos (3 hectómetros) y los usos industriales y recreativos (dos cada uno).

La autorización provisional cambió el orden de preferencia para que el regadío pudiera consumir casi la totalidad de la producción, hasta alcanzar los 20 hectómetros cúbicos anuales. Esto es lo que ahora solicita Esamur, dejando el resto para los abastecimientos y la industria (se repartirán 1,8 y 1 hectómetros, respectivamente). La Oficina de Planificación Hidrológica informó a favor de este cambio en la concesión, para disminuir el volumen asignado al abastecimiento y ampliarlo para el regadío. Los convenios que firmaron en su día el Ente Público del Agua -promovido por el Gobierno regional- con los ayuntamientos fracasaron porque la demanda real no fue la esperada al desplomarse el sector inmobiliario. Asimismo, los municipios no tenían capacidad financiera para afrontar unos contratos bajo la modalidad de 'take or pay', según la cual estaban obligados a pagar el agua aunque no la consumieran. Al mismo tiempo, algunos convenios entre el Ente y los ayuntamientos fueron utilizados como garantía de suministro de agua para los nuevos desarrollos urbanísticos, como sustitutivos de la acreditación que debía otorgar la Confederación Hidrográfica del Segura. Una práctica que fue rechazada en varias sentencias.

 

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