El desacuerdo con los seguros de las mutuas saturaría la sanidad pública

El actual concierto finaliza el 31 de diciembre y de momento se mantienen las diferencias entre el Gobierno y las aseguradoras, que sostienen que en los últimos tres años han acumulado 600 millones de euros en pérdidas. La inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la covid y la inversión que realizan en tecnología y maquinaria sanitaria son las causas de este incremento de costes, explica por su parte el sector privado.

Si la falta de acuerdo se tradujera en la desaparición del actual sistema de relación con las mutuas, en la Región se podría dar «la situación más crítica» de todo el país, según un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración en la Sanidad (Idis). No sólo por el hecho de que exista el porcentaje más elevado de mutualistas, sino que también lo atribuyen a la baja penetración del seguro médico entre la población. El informe realizado por Idis (que aglutina al sector de la sanidad privada, entre ellos los principales grupos de hospitales y clínicas privadas, así como de compañías aseguradoras) sobre el impacto de las mutualidades en el sistema sanitario trabaja sobre las diferentes situaciones que se darían si el actual modelo administrativo desapareciera como consecuencia de esta falta de esta acuerdo. Esta población «deberá ser atendida exclusivamente por el Sistema Nacional de Salud», recuerda Idis, y «esto supondría un aumento lógico de la presión asistencial».

En el caso de Murcia, advierte de lo que traería consigo en el caso de la Atención Primaria, un ámbito «ya tensionado», recuerdan, y que sufriría una sobrecarga del 1,86%. «El modelo asistencial impactará tanto en la accesibilidad del paciente como en la sobrecarga de los profesionales de Atención Primaria y Urgencias», dice Idis. Sólo en 2022, las citas con pacientes de las mutualidades llegaron a las 181.440 en la Región, el 3,6% del país.

A eso, Idis añade también las consecuencias en el sistema hospitalario, ya que crecerían los índices de ocupación y la necesidad de aumentar el número de camas. En el caso murciano, el Servicio Murciano de Salud tendría que crear 144 nuevas plazas. Sostiene este sector privado que ese aumento «podría resultar difícil de manejar». Por el contrario, señalan que supondría el cierre de 21 centros sanitarios en toda España y uno de ellos en Murcia, con la correspondiente pérdida de puestos de trabajo.

«No perderíamos un privilegio, sino que toda la población saldría perjudicada», apunta desde el sindicato de funcionarios CSIF, Francisco Puche, responsable del área de la Administración General del Estado en la Región. Puche cree que sería un «desmadre». «Ya vemos los problemas que hay en la Comunidad con las listas de espera y se resentirían aún más», explicaba refiriéndose a la cifra conocida de 850.000 personas aguardan una operación en la sanidad pública murciana, con una media de 121 días de demora, según los datos del Ministerio de Sanidad.

A eso suma el factor de la edad media: el 50% de los funcionarios del Estado superan los 55 años. «Es la edad en la que más incide la atención médica», apunta Puche, que está preocupado porque se resentiría no sólo el sistema sanitario sino la propia salud de estas personas. CSIF exige «asistencia sanitaria y financiación adecuada en Muface» y ya prepara movilizaciones.

A falta de conocerse las condiciones de las otras dos mutualidades, Isfas y Mugeju, las aseguradoras han iniciado conversaciones con sus proveedores sanitarios para decidir si acuden al nuevo concierto que le ofrecen.