Los delitos de lesiones por imprudencia laboral se disparan en la Región de Murcia un 45% en dos años

Así, mantiene el documento, es frecuente que la investigación del accidente laboral se vea dificultada por determinadas situaciones que impiden la rápida intervención de la Inspección de Trabajo o del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. «La actuación de estos, acudiendo cuanto antes al lugar de los hechos, resulta esencial para el éxito de la investigación de lo sucedido».

La Fiscalía alerta de que la demora en las pesquisas «suele conllevar una alteración del sitio del accidente, bien instalando o aplicando las medidas de seguridad antes inexistentes, bien realizando una modificación de los equipos de trabajo peligrosos», advierte. De este modo, pone como ejemplo los casos en los que no se ha dado aviso a los servicios de emergencia, sino que el trabajador es trasladado por medios particulares al centro hospitalario. En estas situaciones, apunta el informe, no se suelen activar, «al menos no de forma inmediata», los protocolos de aviso a la autoridad laboral y, en consecuencia, «no acudirán al punto del accidente los funcionarios para iniciar la investigación de lo sucedido».

Además, recuerda que no son pocos los casos en los que no se menciona en el informe médico de asistencia que las lesiones han sido a consecuencia de un accidente laboral, «por lo que tampoco podrán ser investigadas por la Inspección de Trabajo más adelante. Esto hace prácticamente imposible el hallazgo de suficientes datos sobre la existencia de causa entre la posible omisión de medidas de seguridad y el resultado lesivo», añade.

La advertencia del Ministerio Público en la Comunidad se produce en el contexto de una situación de aumento en las infracciones por lesiones imprudentes en el ámbito laboral, ya que el año pasado contabilizó 863 delitos de este tipo, por los 461 de 2020 (un 85% más). Ese incremento se puede entender por la escasa actividad laboral que hubo en el año más duro de la pandemia de la Covid-19, con la población confinada en sus hogares. La subida de los casos de pasado año, no obstante, se refleja también en la comparativa de las causas del año precedente, el 2019, cuando no existía alerta sanitaria alguna y se registraron 589 casos, lo que supone un 45% más de asuntos ocurridos en 2021.

Las víctimas de la siniestralidad laboral son, para la Fiscalía, «las grandes olvidadas», ya que, tras sufrir un siniestro, suelen transcurrir varios años desde que se producen los hechos hasta que se enjuician los mismos. En ocasiones, señala, este retraso se encuentra plenamente justificado por la complejidad del asunto, pero en la mayoría de ocasiones se debe a dos factores principales: por un lado, a la intervención en el procedimiento de varias partes, con impugnaciones reiteradas por alguno de los intervinientes. Y, por otro, por el considerable retraso que se produce una vez que la causa ha sido elevada al juzgado de lo Penal, pues, una vez recibido el procedimiento, este órgano suele señalar el juicio en una fecha muy superior al año, «debido a la evidente sobrecarga de señalamientos existentes». Otra de las principales anomalías, señala el informe anual, sigue siendo el defectuoso registro de los procedimientos por parte de los juzgados de Instrucción, pues el delito, subraya el documento, se suele identificar con un genérico 'lesiones', 'lesiones cualificadas' u 'homicidio imprudente'.

«Resultaría deseable que desde el primer registro que se realiza del procedimiento en Fiscalía, este fuera asignado a nuestra especialidad, lo que no sucede debido a la falta de datos asociados al expediente en ese estadio inicial. La inclusión en el grupo de siniestralidad laboral se produce cuando el fiscal especialista despacha cualquier traslado del mismo. Esto tiene lugar cuando ya se encuentran muy avanzadas las actuaciones», lamenta. En este sentido, el Ministerio Público propone la especialización de los juzgados, la dotación de mayores competencias a los fiscales del área y ampliar la plantilla para hacer frente a la carga de trabajo.

Los sindicatos CC OO y UGT inciden en que el «problema» que para ellos existe en la Región de Murcia con la siniestralidad en el ámbito laboral es incontestable y todas las fuentes apuntan en la misma dirección. Para Comisiones Obreras, los datos de los delitos de lesiones imprudentes en accidente laboral registrados en la memoria de la Fiscalía, referido al ejercicio 2021, «ratifican la grave evolución» de la siniestralidad laboral en la Región. «Una de las causas que está propiciando este dramático registro, es la disminución de recursos destinados a la prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, al priorizar el empresariado (amparado en la crisis y la pandemia) otros aspectos legítimos, pero no justificables, dado que la prioridad ha de ser dotar al trabajador de un entorno seguro y saludable», recuerdan desde el sindicato.

«Llama poderosamente la atención el incremento de las causas relacionadas con delitos de lesiones imprudentes en accidente laboral», corroboran desde UGT.

Este sindicato señala que el aumento de casos creció el año pasado en todos los sectores. «Que tenemos un problema con la siniestralidad en la Región es incontestable y todas las fuentes apuntan en la misma dirección», afirma Antonio Jiménez, secretario general de UGT en Murcia.

Por eso, advierten desde UGT, «vamos a seguir insistiendo en intensificar la vigilancia y la sanción de los incumplimientos, mejorando los medios humanos y materiales para los fiscales especializados en esta materia, para la Inspección de Trabajo, para el Instituto de Seguridad y Salud Laboral».

Además, informa Jiménez, seguirán reclamando mejorar en las políticas preventivas en las empresas, «para que las doten de recursos con una nueva estrategia de Seguridad y Salud Laboral consensuada con los agentes sociales. Solicitaremos, en este sentido, la figura del delegado de prevención territorial, que ayudaría a alertar de las situaciones de riesgo y a llevar la prevención a las empresas sin representación», adelanta Jiménez.