PP y Cs dejan a un paso de su aprobación la ley de Aceleración Empresarial

Asamblea Regional. /P. Sánchez / AGM
Asamblea Regional. / P. Sánchez / AGM

Ambos partidos tumban las enmiendas parciales de Podemos, que junto con el PSOE insiste en la «inconstitucionalidad» de la nueva norma

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOL

Ni los informes en contra de los letrados de la Asamblea ni las advertencias de la oposición, que presentarán sendos recursos de inconstitucionalidad, hacen desistir al PP y a Ciudadanos de aprobar el jueves la ley de Aceleración Empresarial, que impulsan junto a la patronal Croem. La proposición de ley de ambos partidos salvó ayer en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto su último obstáculo, antes de ser sometida a votación en el Pleno de pasado mañana: el rechazo de las siete enmiendas presentadas por Podemos, en un último e imposible intento de frenarla. En el momento decisivo, PP y Cs sumarán 23 votos, frente a los 22 de los partidos de izquierdas que la rechazan.

En el trámite de enmiendas parciales, los partidos proponentes han introducido 34 variaciones al texto original, después de que la Secretaría General de la Asamblea diera un toque de atención. En un primer informe, los letrados advirtieron de que la norma generaría inseguridad jurídica, invadiría competencias de otras administraciones e incluso supondría una «pseudoamnistía urbanística» para legalizar empresas en situación irregular. En un segundo informe, tras revisar las enmiendas de PP y Cs, insistieron en el que el texto sigue vulnerando el «nivel mínimo» de protección ambiental.

Los servicios jurídicos de la Cámara ponen el foco en que una enmienda introducida para facilitar el desarrollo urbanístico en municipios con normas transitorias -es el caso actual de Cartagena- puede ser ilegal al eludir el trámite de evaluación ambiental estratégica. No lo interpreta así el presidente de la Comisión y diputado del PP, Domingo Segado, quien cree que hay un error de análisis de los letrados, ya que con esa medida no se trata de facilitar desarrollos urbanísticos nuevos en zonas cuestionables de municipios sin plan general de ordenación urbana, sino de no frenar construcciones ya previstas en suelos urbanos, terrenos urbanizados y núcleos rurales consolidados. «No entendemos cómo el PSOE se opone. En Cartagena hay claramente dos proyectos industriales en Escombreras y otros residenciales en la ciudad que se pueden acoger», indicó.

También el diputado de Cs Luis Fernández pidió «coherencia» al PSOE y a Podemos. «En la Región hay empresas en situación alegal que llevan veinte, treinta y hasta cuarenta años trabajando. Con esta ley, damos seguridad a unos cincuenta mil trabajadores de esas empresas, y sin saltarnos normas ambientales», aseguró.

Votación nominal

El PSOE no presentó enmiendas parciales a la proposición de ley por considerarla directamente «inconstitucional». Su diputado Alfonso Martínez Baños insistió en que atenta contra los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, medio ambiente adecuado y autonomía local.

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, calificó la ley como una «tropelía orquestada por ambos partidos para ofrecer una amnistía legal a todas aquellas empresas que llevan años saltándose la ley y jugando sucio respecto al resto de empresarios que sí cumplen con sus obligaciones». Insistió en colocar a la patronal murciana Croem como muñidora de este cambio normativo y avanzó que el jueves, en la votación del dictamen final, pedirá que sea nominal «para que luego no venga nadie amparándose en el grupo».

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