El decreto de pisos turísticos permitirá sacar a la luz cerca de 52.000 plazas

Según consta en el decreto, al que tuvo 'La Verdad', los propietarios disponen de seis meses para regularizar la situación de las viviendas a partir de la entrada en vigor del texto, que se producirá veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Región. Con este nuevo marco legal, y según la estimación de la Consejería, «alrededor de 13.000 viviendas de uso turístico podrían ser regularizadas en el futuro, lo que supondría la adhesión de 52.000 nuevas plazas al banco regional de alojamiento, que en la actualidad cuenta con unas 64.000 plazas». La mayoría, de hecho, corresponden a este tipo de alojamientos. Entre 2016 y 2019 se han dado de alta un total de 3.543 viviendas turísticas (16.277 plazas), de las que 1.400 corresponden solo a lo que llevamos de año. El proceso se ha realizado «tanto de forma voluntaria por parte de los propietarios, como también por la labor de los servicios técnicos de inspección», según Cristina Sánchez.

El decreto, que ofrece «más garantías para el cliente y para los propietarios», afecta a aquellas viviendas de uso turístico «que se hayan contratado como mínimo en dos o más ocasiones durante un año, o una vez al año en repetidas ocasiones».

La normativa fija el número máximo de plazas por vivienda (diez), el mantenimiento y conservación de los inmuebles, la accesibilidad, el equipamiento y los suministros básicos que deben ofrecer, así como la capacidad y la superficie mínima de cada una de las dependencias. También regula las reservas, el horario de entrada y salida (las 17.00 y las 12.00, respectivamente), las hojas de reclamación y la admisión. En el artículo 6, por ejemplo, el decreto deja clara la obligación de respetar las normas de convivencia de la comunidad de propietarios a la que pertenezca el inmueble. «El incumplimiento de las mismas puede suponer el requerimiento, por parte del explotador, de que el inquilino abandone el alojamiento en menos de 24 horas». Además, este tipo de pisos están obligados a disponer de información de interés turístico y cultural de la localidad donde se ubique la vivienda, así como de la Región.

Uno de los aspectos en los que incide el documento es la seguridad. «Será requisito indispensable para ocupar el alojamiento la previa inscripción de los usuarios en el registro del prestador del servicio turístico, mediante la exhibición de los documentos acreditativos de su identidad. En la inscripción se hará constar nombre y apellidos de todos los usuarios mayores de edad, DNI o documento que lo sustituya, así como la fecha de entrada y salida inicialmente prevista».

A través de varios artículos, el decreto especifica que no vale cualquier tipo de vivienda para ser ofertada como piso turístico. Estos inmuebles, que deberán contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil y el distintivo acreditativo de la Comunidad, contarán como mínimo con un salón comedor, una cocina y un dormitorio, que no podrá tener una superficie inferior a seis metros cuadrados, si es individual, u ocho metros cuadrados, si es un dormitorio doble. También hace referencia a las buhardillas, que algunos pretenden vender como 'rincones íntimos de lujo'. «No se computará a efecto de superficie aquella cuya altura libre sea inferior a 1,50 metros». El equipamiento mínimo de los dormitorios estará formado por «camas con una anchura mínima de 0,80 metros y 1,35 metros, según sean individuales o dobles; una o dos mesillas de noche; silla o butaca; armario ropero con perchas; punto de luz y enchufe adicional». Los dormitorios, además, «deberán tener ventilación al exterior o a patios no cubiertos».

La cocina, por ejemplo, también deberá dar al exterior, y estará equipada, como mínimo, «con fregadero, al menos dos fuegos, extractor, horno y/o microondas, frigorífico, lavadora, y utensilios de menaje en cantidad, calidad y variedad suficiente para la preparación de desayuno, comida y cena». En el cuarto de baño es obligatorio el toallero, pero el decreto no hace ninguna referencia a productos de droguería básicos de bienvenida en cualquier casa, como el papel higiénico. «Las viviendas también deberán contar con un extintor instalado en un lugar fácilmente accesible. Igualmente, tendrán un botiquín básico de primeros auxilios», especifica la normativa, que permite alquilar las viviendas por habitaciones. En este caso, «la explotación solo podrá ser ejercida por una persona física, que deberá estar empadronada y residir en la vivienda en la que se desarrolle la actividad».

Respecto a los servicios mínimos «incluidos en el precio», el decreto enumera «el suministro de agua, de energía eléctrica y de gas». Ni rastro de internet. También hace referencia a que «los titulares de la explotación de alojamiento podrán exigir a los clientes una cantidad anticipada en concepto de señal por la reserva». Una reserva que se mantendrá, «como mínimo, hasta las 12 horas del día siguiente al que el alojamiento debió ser ocupado por el usuario. Si este no se presentase en ese tiempo, el titular de la explotación podrá cancelar la reserva con pérdida para el cliente de la cantidad entregada en concepto de señal».

El decreto destaca «el papel relevante que en la comercialización de este tipo de alojamiento turístico tienen las plataformas», y subraya que «la presente norma no puede entrar a regular aspectos de estas plataformas, o de otros canales de comercialización, por exceder de las competencias turísticas que facultan la aprobación de este decreto».

El documento, en cuya redacción ha participado el sector turístico regional, reconoce que «el aumento de este tipo de alojamientos está vinculado a las nuevas formas de viajar, el deseo de tener una relación más directa con los residentes del destino y las nuevas y rápidas formas de comercialización. Así como a que, en muchos casos, el precio del alojamiento es más barato que el reglado». El precio, eso sí, «es libre».

Cristina Sánchez asegura que el decreto «ofrece una mayor protección al consumidor, garantizando la calidad en la prestación del servicio. Además, permitirá obtener un conocimiento más preciso de las pernoctaciones en el destino y contribuirá a hacer frente a la oferta alegal de alojamiento turístico». Sánchez destaca que la Consejería «viene realizando una labor continua de información y de vigilancia para el cumplimiento de la normativa».

El presidente de la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca cree que el texto pone fin a un «vacío legal del que muchos se aprovechaban para cometer numerosas irregularidades». El período de tramitación «ha sido a veces exasperante», pero cree García que «más vale tarde que nunca», y asegura que ahora son los ayuntamientos los que deben «implicarse» para «evitar zonas de saturación que generen problemas de convivencia».

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida, Soledad Díaz, celebra que «por fin tenemos ya una normativa, aunque las plataformas digitales corren mucho más que las administraciones y el decreto puede haberse quedado obsoleto». Reclama que no se baje la guardia en lo que se refiere a «vigilancia e inspecciones», porque el decreto «tiene que tener un buen desarrollo» para que sea efectivo.

El presidente de Aloja, asociación de propietarios y gestores de viviendas y apartamentos de uso turístico, cree que la aprobación del decreto «es un paso firme para regular una actividad bajo unos estándares de calidad, no bajo el veto de la misma». Cree Morales que «esta norma es una de las más flexibles de España», y pide «dotar de más medios a la labor de inspección para poner fin a los alojamientos ilegales que incumplen la norma».