Educación sortea la 'ley Celaá' y no define zonas escolares en el decreto de admisión
Los alumnos de un municipio tendrán los mismos puntos y la proximidad al centro queda en la práctica sin efecto. El borrador prohíbe de forma expresa que las familias realicen aportaciones a los concertados
El Gobierno regional sigue dando pasos en su empeño por esquivar los aspectos de la 'ley Celaá' que, a su juicio, atentan contra «la ... libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos».
El borrador del nuevo decreto de admisión de alumnos, que está en exposición pública, no establece zonas escolares, y deja la puerta abierta para mantener el distrito único municipal. Aunque en apariencia el decreto cumple con lo establecido por la ley, ya que asigna puntos en el baremo por proximidad al centro, no establece nuevas zonas escolares, de manera que todos los alumnos de un municipio seguirán teniendo los mismos puntos. De esa manera, la proximidad al colegio, que la 'ley Celaá' quería imponer como criterio prioritario para facilitar un reparto más heterogéneo de alumnos, deja de tener peso en la práctica. Y la voluntad de la ley, que tampoco concretaba cómo debían establecerse esas zonas, queda así desactivada.
El borrador de decreto establece que la Consejería «oídas las administraciones locales, establecerá y delimitará, para los procesos de admisión convocados cada curso, las áreas o zonas de escolarización en la Región, a fin de garantizar la aplicación de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio, cubriendo en lo posible una población socialmente heterogénea». Sin embargo, no marca esas zonas, y la voluntad del Gobierno regional es mantener una zona por municipio como hasta ahora, para los padres puedan seguir eligiendo centro libremente idependientemente de la zona en la que vivan.
El documento fija las normas para acceder a las plazas subvencionadas de Bachiller cuando haya más estudiantes que puestos
Las aportaciones supuestamente voluntarias que las familias de muchos de los colegios concertadas realizan quedan expresamente prohibidas en el borrador. En realidad, esas aportaciones nunca han estado permitidas por la ley, pero los centros suelen camuflarlas como aportaciones voluntarias, en muchos casos a fundaciones y asociaciones vinculadas a los centros, y la Administración no realiza ningún control. Con todo, el decreto es más explícito por primera vez sobre la práctica (también prohibida por la Lomloe), y establece que «en ningún caso los centros públicos o privados concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos». Con ese artículo, el Gobierno regional estrecha el cerco sobre las aportaciones, ya que prohíbe las fórmulas que se utilizan para camuflarlas y por primera vez las censura de forma explícita.
El decreto establece además nuevos criterios para el reparto de plazas de Bachillerato en los centros que lo tienen concertado. La distribución de esas plazas genera problemas, ya que algunos colegios tienen más líneas de cuarto de la ESO subvencionadas que en Bachillerato. El borrador marca que las plazas tendrán que repartirse de acuerdo a los criterios de admisión. «Los centros cuyo número de plazas concertadas en primer curso de Bachillerato sea inferior al número de puestos ocupados en cuarto de ESO deberán comunicar por escrito a las familias de los alumnos sobre esta circunstancia, solicitando la confirmación por escrito de su intención respecto a la escolarización el curso siguiente de sus hijos. En el caso de que superen las plazas concertadas disponibles, se establecerá un orden de prelación en función del baremo para la admisión a los centros con fondos públicos».
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