Una decena de ayuntamientos de la Región de Murcia no comunica sanciones con pérdida de puntos a la DGT

El contraste ya aparecía hace diez años en un informe nacional de Automovilistas Europeos Asociados en el que advertía que entre un 65 y un 70% de los ayuntamientos españoles no comunican a Tráfico la detracción de puntos que correspondería a sus sanciones. Este aviso se confirma en la Región con los últimos datos disponibles de la DGT.

Durante 2021, 2022 y 2023, varios consistorios mantuvieron cifras nulas o casi nulas en la comunicación de sanciones con detracción de puntos en vías urbanas, una anomalía que trastoca la aplicación del permiso por puntos, puesto en marcha en 2006, y que crea grandes diferencias entre conductores según el municipio en el que circulen.

Murcia y Cartagena sostienen año tras año la mayor parte de las notificaciones, con miles de sanciones que nutren un registro actualizado, coherente con su tamaño y su densidad de tráfico. Otros municipios medianos (Mazarrón, Molina de Segura, Yecla, Lorquí, Las Torres de Cotillas o Santomera) mantienen un comportamiento estable. Pero en un espacio opaco están Albudeite, Aledo, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura y San Javier. Estos municipios figuran en varios de esos ejercicios con cero comunicaciones de pérdida de puntos. Es el caso de San Javier, municipio turístico y con miles de desplazamientos estivales, que notificó en tres años una única infracción, en 2023, con la retirada de seis puntos.

Con esta anomalía, la diferencia es que un conductor que circule por Murcia o Cartagena puede perder puntos por saltarse un semáforo o usar el móvil al volante. En cambio, en municipios que no notifican la misma infracción no se reduce su saldo de puntos.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico explican que la DGT dispone de un sistema de supervisión, basado en el control del acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos. «Uno de los requisitos para poder acceder a determinados datos es el cumplimiento del artículo de la Ley de Tráfico sobre la comunicación de la detracción de puntos», detallan.

Cuando un ayuntamiento solicita ese acceso, la DGT le habilita siempre que cumpla la norma. «Luego, desde las jefaturas provinciales realizamos auditorías de forma periódica sobre el mantenimiento de los requisitos establecidos». Y con ese control técnico y administrativo, hay consecuencias, ya que la posible penalización es la pérdida de acceso a los servicios de Tráfico. «En caso de detectar el incumplimiento, puede conllevar el cese del acceso a determinados servicios en la Plataforma de Intermediación de Datos», advierten desde el organismo autónomo. Un ayuntamiento que no comunica puede quedarse sin información sobre vehículos, conductores o sanciones, un bloqueo operativo que busca corregir la falta de colaboración.

Cualquiera podría ver injusto que un conductor pierda puntos según el municipio donde circule y los datos muestran grandes diferencias. «No corresponde a la DGT valorar si es justo o injusto», responden desde Tráfico.

«El artículo séptimo establece que es competencia municipal denunciar las infracciones en vías urbanas y sancionarlas. El 113.1 obliga a comunicar la detracción de puntos por parte de la autoridad competente, que en vía urbana recae en el alcalde o alcaldesa». Se trata, en apariencia, de una desigualdad, por tanto, que no está en la ley, sino en su ejecución.

Una posible explicación para el silencio sancionador es la escasez de personal o medios tecnológicos, sobre todo en pequeños ayuntamientos. Sin embargo, la Jefatura Provincial rechaza que esa sea la causa. «Las jefaturas siempre han colaborado con los ayuntamientos para asistirles cuando lo necesiten en problemas técnicos», afirman. «La no comunicación de datos no se debe a falta de apoyo técnico. Es una responsabilidad exclusivamente municipal». Desde Tráfico recuerdan que la DGT pone a disposición de los ayuntamientos herramientas para la seguridad vial como etilómetros, kits para detectar consumo de drogas en controles urbanos.

El Ayuntamiento de Murcia figura con mucha diferencia como el municipio más activo en la aplicación del permiso por puntos. En 2021 comunicó 6.700 sanciones y 23.228 puntos detraídos, en 2022 fueron 6.335 sanciones y 23.715 puntos, y en 2023 alcanzó las 7.184 sanciones y 28.465 puntos. Cartagena ocupa la segunda posición con 1.022 sanciones en 2021, 956 en 2022 y 1.307 en 2023. En el otro extremo están algunos ayuntamientos que figuran año tras año con cifras nulas o simbólicas. Aledo, Blanca, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura y Ojós no han comunicado ninguna sanción con detracción de puntos en ninguno de los tres años analizados. Otros, como Ceutí o San Javier, solo registraron una comunicación puntual en 2023 o en años anteriores.

En el caso de San Javier los sindicatos han puesto el grito en el cielo y denunciaron la situación el pasado mes de septiembre. Los delegados sindicales de CCOO, SIME y UGT en el Ayuntamiento enviaron un escrito dirigido al jefe de la Policía Local alertando que el municipio «no ha tramitado con el registro de conductores infractores de la DGT ninguna sanción que conlleve pérdida de puntos durante los años 2021 y 2022, y en 2023 únicamente una sanción de seis puntos por el uso del teléfono móvil». Los sindicatos recuerdan que esta comunicación es una obligación recogida en el Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula el procedimiento sancionador en materia de tráfico.

El texto señala que las sanciones firmes que conlleven detracción de puntos deben ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores de la DGT en un plazo máximo de quince días desde que adquieren firmeza administrativa. «Ante el incumplimiento flagrante de la Ley de Seguridad Vial, nos vemos en la obligación de poner en conocimiento del jefe de la Policía Local dichos hechos para que se investiguen por si pudieran dar lugar a responsabilidad penal y/o administrativa», señala el documento firmado por los tres representantes sindicales.