La cuota de alta de los becarios de FP costará otros 1,5 millones a Educación

La consejera, en el centro, con los rectores de la UMU (a su derecha) y de la UPCT, y otros miembros de sus equipos. / vicente vicéns / AGM
La consejera, en el centro, con los rectores de la UMU (a su derecha) y de la UPCT, y otros miembros de sus equipos. / vicente vicéns / AGM

Los rectores insisten en que la obligación de cotizar por todas las prácticas provocará que «no podamos impartir asignaturas obligatorias»

Fuensanta Carreres
FUENSANTA CARRERES

Las obligación de cotizar por todos estudiantes que realizan prácticas no laborales, sean curriculares (obligadas por el plan de estudios) o no, inquieta también a la Consejería de Educación, que ayer cifró en más de 1,5 millones el coste de las cuotas de alta en la Seguridad Social de los más de 7.000 estudiantes de Formación Profesional que completan su formación como becarios en empresas, organismos e instituciones. Ese gasto se suma a los más de 2,4 millones de euros que la nueva obligación, introducida por decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez, importará para la Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), con más de 11.000 becarios en prácticas anualmente. Así, el coste total de la cotización de los becarios en la Región supondría un gasto de casi cuatro millones de euros.

La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, sumó ayer su voz a las críticas de los rectores por los cambios introducidos por el decreto, que obliga a que todos los estudiantes universitarios y de Formación Profesional coticen en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus prácticas académicas, independientemente de que estas sean remuneradas o no. Hasta ahora, solo era obligatorio que las universidades, empresas e instituciones dieran de alta a los alumnos si estos cobraban. «Estamos acostumbrados a las ocurrencias de la ministra Celaá y que conocemos con asombro, ya que jamás están habladas con las comunidades autónomas. Las prácticas de los alumnos en empresas e instituciones son un instrumento fundamental, y abonar las cotizaciones nos costaría 1,5 millones al año. Esta nueva ocurrencia vuelve a dejar al Gobierno de Pedro Sánchez a los pies de los caballos», lamentó Martínez-Cachá.

El peligro de que las empresas e instituciones se retraigan y dejen de contar con los estudiantes fue puesto de relieve ayer por el rector de la UPCT, Alejandro Díaz Morcillo, quien alertó de que la obligación de cotizar por los alumnos abre incluso la posibilidad de que «no podamos impartir asignaturas obligatorias», sustentadas en prácticas en casi todos los grados, pero especialmente en las ingenierías y Ciencias de la Salud. Díaz criticó que «en la UPCT se ha hecho un esfuerzo grandísimo por acercarnos a la empresa, nos hemos creído lo de formar universitarios con las competencias que se les exigen en las empresas, y hemos hecho un tremendo esfuerzo en formar a los universitarios para el empleo, que ahora peligra».

El rector de la UMU, José Luján, confió en que el desarrollo del decreto minimice los datos. «Los rectores trataremos de ver de qué manera ese desarrollo puede hacerse de manera que dañe lo menos posible; si las universidades tienen que hacer frente al coste tendrán un grave problema de financiación, ya que no tenemos recursos y supone un elevado coste económico y de gestión».

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