El 'fracking', solo para prospección

Asociaciones ecologistas y comunidades autónomas se enfrentan al Gobierno central por una técnica que podría contaminar los acuíferos subterráneos. En España hay concedidos 68 permisos pero ninguno es para extraer gas del subsuelo

J. LUIS ÁLVAREZ MADRID

El 'fracking' es una técnica para extraer hidrocarburos del subsuelo a través de la roca madre. No es nueva, en Estados Unidos lleva más de 40 años practicándose, pero en España es el origen de pleitos judiciales por parte de las comunidades autónomas que se oponen a ella y de protestas de los colectivos ecologistas. Según datos del Ministerio de Industria, actualmente hay concedidas 68 autorizaciones para investigar la presencia de hidrocarburos en el subsuelo, a las que hay que añadir otras 55 que están a la espera de recibir el visto bueno.

El 'fracking' es un proceso por el cual, por medio de sondeos a unos 3.000-4.000 metros de profundidad, se fractura la roca madre para extraer gas pizarra (shale gas) o metano. Es en estos yacimientos donde se formó el petróleo que, a través de las capas, termina escurriéndose hasta las llamadas trampas o bolsas petrolíferas. «Consiste en hacer por sondeos verticales, que después se pueden poner en disposición horizontal, para fracturar la roca por medio de agua a presión, productos químicos y arena», explica el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Luis Eugenio Suárez.

También se ha empleado este sistema en las últimas fases de la extracción de petróleo convencional para aprovechar mejor los yacimientos. Normalmente, cuando se habla de 'fracking' en la explotación de hidrocarburos no convencionales, se refiere al shale gas o gas pizarra, aunque «no en todos los lugares se puede realizar la fracturación hidráulica», apunta el experto.

En el sondeo de 'fracking' se utilizan tres camisas en la barra de perforación para evitar la contaminación de las aguas subterráneas que puedan atravesarse. Cuando llega a la roca madre, el sondeo se pone en posición horizontal y va fracturando la roca de esquisto para sacar el gas a superficie. «Como toda explotación industrial, si no se hace con una evaluación de impacto ambiental adecuada, puede producir daños. Pero si se efectúa con todos los requerimientos ambientales, pues realmente los daños medioambientales son escasos», apunta Suárez.

Y es aquí donde los ecologistas claman contra este sistema, dada la posibilidad de los riesgos para el medio ambiente. Estos son de tres tipos. El primero es la contaminación de las aguas subterráneas por los productos químicos empleados. Aquí el estudio de impacto ambiental debe tener en cuenta los agentes químicos que se utilicen para romper la roca y su toxicidad.

Otro de los riesgos en la sismicidad inducida que se puede producir al romper las capas y fallas del terreno. Las presiones ejercidas sobre las capas subterráneas pueden ocasionar algún movimiento sísmico. Esto también ocurre cuando se llena un pantano o se introduce gas en un depósito subterráneo, como sucedió con el 'proyecto Castor'. La nueva ley de Impacto Ambiental exige una evaluación de riesgo sísmico para el 'fracking'. Y el tercero de los riesgos medioambientales en una explotación de este tipo es la posible salida incontrolada al exterior del gas.

Conflicto autonómico

Los principales depósitos susceptibles de ser explotados por fracturación hidráulica se encuentran en Cantabria, el norte de la provincia de Burgos, País Vasco y Navarra. Actualmente, todos los permisos concedidos en España son referentes a la investigación, pero no para la explotación de yacimientos por medio de 'fracking'. La competencia de las autorizaciones la tienen las comunidades autónomas, pero cuando el yacimiento puede estar entre dos o más regiones es el Gobierno quién autoriza la investigación.

El conflicto surge cuando las comunidades autónomas tratan de blindar su territorio contra este tipo de perforaciones, como son Cantabria o La Rioja, cuyas leyes contra el 'fracking' han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, órgano que tiene pendiente pronunciarse contra el recurso también presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la legislación de Navarra.