Críticas por el traslado de los 'sin papeles' llegados a la Región a un lugar que no es el «adecuado»

Así, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, dijo que el Gobierno andaluz coincide con la opinión manifestada por la organizaciones de voluntariado y no cree que este centro malagueño sea el "lugar adecuado" para trasladar inmigrantes.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Jiménez Barrios defendió que el Gobierno central tiene que afrontar "en origen" lo que está sucediendo ante la llegada de inmigrantes. "Ya avisábamos de que se estaba produciendo esa avalancha y de que había que tomar medidas en origen", indicó.

El número dos del Gobierno andaluz, que explicó que el Ejecutivo central les informó del traslado de los inmigrantes a la cárcel de Archidona, destacó que la Junta no tiene competencias al respecto, "ni para el traslado, mantenimiento, ni sustento". "Solo las tenemos con los menores no acompañados y no es el caso", precisó.

Asimismo, Jiménez Barrios señaló que el Gobierno central tiene que destinar más fondos a las comunidades para sus competencias establecidas porque "con la actual insuficiencia financiera no es posible que esta avalancha se pueda atender en condiciones".

Por su parte, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que compareció junto al vicepresidente en la rueda de prensa, explicó que su departamento trabaja con las ONG a través de proyectos concretos que son subvencionados.

Si bien, insistió en la necesidad de que el Gobierno de Rajoy asuma su responsabilidad y "alce la voz" en Europa "para que la UE hable ya alto y claro sobre la situación que está pasando, fruto de la realidad de los países de origen".

Según defendió, el Gobierno de España tiene que poner más recursos y plantearle a Europa que se tiene que comprometer "firmemente" en esta situación, "pero no como lo ha hecho con los refugiados, donde ha tenido una actuación invisible, mirando para otro lado, sino de manera eficaz y efectiva".

La sección sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias criticó este martes "el grave retroceso en materia de derechos humanos" que supone este internamiento, una decisión que calificó de "ilegal". En un comunicado, el sindicato sostuvo que la decisión del Ministerio del Interior es una "flagrante vulneración de la legislación vigente" obre derechos y libertades de los extranjeros en España, y añadió que la retención de inmigrantes no tiene carácter penitenciario.

Según CCOO, "esta grave regresión en derechos fundamentales se sostiene por el pacto entre PP y Ciudadanos para avanzar en la privatización de servicios públicos esenciales como es el de las prisiones".

A este respecto, recordó que en octubre de 2016 Ciudadanos defendió la creación de módulos CIE dentro de las prisiones, "una propuesta ilegal que solo puede tener como fin el aumento de los negocios privados con las prisiones".

El sindicato exigió la "urgente inauguración" del centro penitenciario Málaga II -como se denomina la prisión de Archidona- para que se cumpla la Ley Orgánica General Penitenciaria y la Constitución, que establecen un interno por celda y el cumplimiento de las penas orientadas a la reeducación y reinserción social, respectivamente.

Por otra parte, el sindicato de prisiones Acaip denunció asimismouna "actuación deliberada" para "engañar" o darle una información errónea a los juzgados de Almería y Murcia sobre el centro de Archidona, al que autorizaban el traslado.

El presidente de Acaip, José Luis Pascual, manifestó que en los autos de los juzgados de estas dos provincias se señala que los inmigrantes serán internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, el cual "nunca ha existido".

También el PSOE, Unidos Podemos y organizaciones sociales como el Servicio Jesuita a Migrantes, CEAR, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Federación SOS Racismo, Médicos del Mundo y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado criticaron que la legislación española establece que los migrantes que son retenidos para ser expulsados deben permanecer en instalaciones policiales que no tengan carácter penitenciario y el centro de Archidona, aunque aún no fue inaugurado como tal, se construyó para ser una prisión. Concretamente los socialistas hablaron de una "auténtica barbaridad" y aseguraron que "vulnera derechos fundamentales".

Por su parte, Unidos Podemos consideró el traslado una "violación de los principios fundamentales de las leyes que regulan el funcionamiento de los CIE". La portavoz del grupo, Irene Montero, censuró que "meter a unas personas en una cárcel, en lugar de un CIE, porque están llenos, es saltarse a la torera la propia regulación del Gobierno".

En la misma línea, la Abogacía Española manifestó su "más absoluta condena" por el ingreso en el centro penitenciario y exigió su "inmediato traslado" a un centro que no tenga este carácter. En un comunicado, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía informó de que ya ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior.

Además, recordó que los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria".

La Oficina del Defensor del Pueblo aseguró que está "vigilante" ante la situación de las 497 personas trasladadas. Según fuentes consultadas, ya comenzaron a recibir las primeras quejas sobre este asunto, por lo que obrará como es habitual, dándoles trámite.

Desde la institución que encabeza en funciones Francisco Marugán inciden en que estarán "sobre el tema" y "vigilantes para que se garanticen los derechos de estas personas" internadas.

Por su parte, y ante la situación de "colapso", el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió las "medidas extraordinarias" tomadas, ya que "no podemos consentir que la llegada de tantas pateras nos obligue a poner a los inmigrantes en libertad".

"Consideramos que es mucho mejor que estén en un centro que ha dotado con las últimas tecnologías, que está equipado con medios sanitarios, edificios de enfermería, duchas, vestuarios, calefacción, camas, campos de deportes e incluso salas para ver la televisión, que ponerles acampados en campamentos, como se ha visto en otros países", advirtió, en referencia a los sucedido en la isla italiana de Lampedusa y en la de Lesbos, cerca de las costas griegas.