La PAH critica que la Comunidad «limita toda su política de vivienda a denunciar la okupación»
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierte de que los datos de desahucios en la Región reflejan que el escudo social aprobado por el Ejecutivo «muestra una vez más su insuficiencia»
EP
Martes, 7 de junio 2022, 16:33
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) criticó la «sinrazón» del Gobierno de Fernando López Miras y su consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, «que limitan toda su política de Vivienda a denunciar la okupación señalando que, en 18 meses, recibieron más de 600 denuncias».
Sin embargo, la PAH advirtió que «en sólo 15 meses se han ejecutado en la región 2.782 desahucios, casi 3 veces más», según informaron fuentes de la Plataforma en un comunicado. Estas declaraciones se hicieron después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya hecho públicos los datos del efecto de la crisis en los órganos judiciales referidos al primer trimestre de este año.
Según estos datos, en la Región de Murcia se ejecutaron 543 desahucios, 49 menos que en el mismo período de 2021. La PAH señala que estos dramas humanos se desglosan de forma que hay 192 derivados de ejecuciones hipotecarias; 316 por aplicación de la LAU; y 35 por otras causas (incluye los que son consecuencia de ocupaciones ilegales).
Para la Plataforma, estos datos reflejan que el escudo social aprobado por el Gobierno central «muestra una vez más su insuficiencia y no frena este incesante caudal de tragedias».
Además, critica que «la inacción del Gobierno regional, junto a la inexistencia práctica de un Parque Público de Vivienda, impide, por una parte, realojar a las familias desahuciadas y, por otra, favorece la okupación ilegal frente a la falta de recursos y de alternativas para esas familias».
«Con los precios de alquiler desbocados, su falta de control, y el anuncio de insumisión por parte del Gobierno regional a los mecanismos que la ley estatal de vivienda pueda incorporar en este sentido, auguran en el futuro próximo fuertes incrementos de este tipo de desahucios», tal y como señaló la Plataforma.
A su juicio, el Gobierno regional «debería apartar la estulticia y abordar el ejercicio del derecho a la vivienda para lo que debería, en primer lugar, sumarse a la iniciativa de la Comunidad Valenciana, a la que ya se han adherido Asturias, País Vasco, Aragón y Cataluña, y reclamar al Ministerio de Economía la cesión para Parque Público, de todas las viviendas de la SAREB ubicadas en la región, que ronda la cifra de 3.000 viviendas».
Reprochó que el panorama «es demoledor» de cara al próximo 30 de septiembre, cuando finalice la protección del escudo social. A este respecto, apuesta por que en la próxima ley estatal por el derecho a la vivienda se incorporen las propuestas que la PAH.
