La crisis de pateras sorprende con menos agentes en el litoral que hace nueve años

Según datos del Ministerio del Interior, a los que ha accedido LAVERDAD, el recorte de plantilla desde 2011, en la anterior crisis económica, a 2018 en la Región de Murcia han mermado en un 3,7% a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La plantilla ha pasado de 3.734 efectivos a 3.596, con un recorte centrado en la Policía Nacional de un 8,21%. En esos años gobernaba Mariano Rajoy.

La foto fija del Ministerio muestra que de los 138 trabajadores que ha perdido la Región de Murcia, 137 son policías. A 31 de agosto, la Benemérita tenía 2.065 agentes, uno menos que once años atrás. En el conjunto de España, la caída total fue del 5%, al pasar de 155.149 efectivos a 147.170. La Policía bajó de 72.457 a 67.379 (un 7%) y la Guardia Civil, de 82.692 a 79.791 (un 3,5%).

En la Región, la tendencia apenas ha mejorado en 2019 y en el 2020, si bien el Gobierno reitera su intención de corregirlo de forma progresiva. Para todo del país, ha aprobado la convocatoria de 2.491 plazas de la Policía y 2.154 de la Guardia Civil. El Ejecutivo de Pedro Sánchez culpa al PP de lo ocurrido y, por ahora, no detalla qué reparto hará por comunidades.

En el caso de la Policía, está encargada de la custodia de los inmigrantes cuando son trasladados al puerto de Escombreras por la Benemérita o por Salvamento Marítimo. El jueves, según fuentes del dispositivo, llegó a haber solo ocho agentes de la comisaría local para controlar a 239 extranjeros, lo que llevó a desplazar a unidades de otras zonas. Desde julio, ha habido que echar mano de policías de Málaga, Madrid, Valencia y Navarra y movilizar a la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.

También es competencia de este cuerpo el traslado de los inmigrantes al juzgado de guardia y, luego, al Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia (CIE). Debido a la pandemia de Covid-19, ambas tareas han quedado suspendidas. Argelia ha cerrado sus fronteras y España no puede hacer devoluciones; y el CIEde Sangonera la Verde, en Murcia, está cerrado. Esto ha motivado la protesta del Gobierno autonómico, que tiene que colaborar con instalaciones para las cuarentenas de decenas de argelinos, al aparecer casos positivos de coronavirus.

En la Delegación del Gobierno recuerdan que fue cedido el pabellón municipal Cabezo Beaza de Cartagena y que, al no reunir las condiciones de seguridad necesarias, ya no lo usa. Como alternativa y ante la elevada presión migratoria, eligió el Hotel Cenajo, en Moratalla. Y ello remite al 'agujero' de recursos humanos en la Guardia Civil, que lo vigila.

La escasez obligó a movilizar a cuarenta agentes de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) y, en el puente de agosto, llegó un refuerzo de veinte efectivos a Cabo de Palos, Mazarrón y Águilas. Se trataba de garantizar la rápida detención de inmigrantes si tocaban tierra, cosa que ocurrió en julio en Portmán y Calblanque (tuvo que intervenir la Policía Local de Cartagena) y que afectó esta semana a playas de La Manga, Isla Plana y San Pedro del Pinatar.

La tarea empieza, en todo caso, entre las olas. Y el panorama del Servicio Marítimo de la Guardia Civil es de precariedad. Fuentes de la Delegación explicaron que, cuando hay pateras, llegan «refuerzos puntuales» desde Almería y Alicante. El problema es que estas dos provincias vecinas están siendo sacudidas también por la inmigración, dado que, según Interior, las mafias han cambiado la ruta del Estrecho, más vigilada ahora por Marruecos, por esta zona del Mediterráneo.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de los 50 miembros que, sobre el papel, forman la plantilla de la base de Cartagena solo hay 35. Y «convendría» renovar la flota de patrulleras, compuesta por la 'Río Guadalentín' y la 'Río Cervera'.

La insuficiencia de medios quedó al descubierto al revelar este diario que el pesquero argelino que trajo a 79 inmigrantes el 10 de septiembre fue detectado por el radar SIVE del instituto armado a 24 millas de Cartagena, pero que no fue interceptado hasta llegar a 6.

Tres pateras desbordaron a Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, lo que impidió forzar su regreso a África y ha abierto una polémica sobre los riesgos que puede suponer para la seguridad nacional que, a pesar de la vigilancia con radares, aviones, buques, helicópteros y otros medios de distintos organismos un barco sin control se acerque tanto al litoral y al valle industrial de Escombreras.