Crece la división por el Trasvase al defender Ciudadanos y el PP manchegos cambios en la ley

La ministra Ribera y el presidente manchego, Emiliano García-Page, durante la reunión que mantuvieron el 6 de agosto en Toledo. / Efe
La ministra Ribera y el presidente manchego, Emiliano García-Page, durante la reunión que mantuvieron el 6 de agosto en Toledo. / Efe

Los populares se desmarcan en Toledo de su dirección nacional y piden la inclusión de los municipios ribereños en la comisión de explotación

LA VERDAD / EPMurcia / Toledo

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, encendió la mecha el pasado 6 de agosto al comprometerse con el presidente manchego, Emiliano García-Page, a modificar la norma que regula la comisión de explotación del Trasvase para dar entrada a los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, y desde entonces la polémica no ha hecho más que crecer. Ayer, el nuevo episodio de división territorial por el Trasvase que aquellas declaraciones generaron subió un escalón más al tomar partido por los municipios ribereños el PP y Cs de Castilla-La Mancha, en contra del criterio mantenido por sus propias direcciones nacionales.

El PP manchego, en concreto, se desmarcó de la proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados por la que solicitan no incluir a los municipios ribereños en la comisión de explotación del Tajo-Segura, al asegurar que «todos los colectivos, incluidos los municipios ribereños, deberían estar representados en dicha comisión».

El vicesecretario de Comunicación del PP en esta región, Santiago Serrano, aseguró que su partido siempre ha estado «en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua», por lo que defendió la «coherencia» del PP, que «desde el minuto uno» pidió que todos los colectivos estén representados.

Un alto cargo del partido naranja en Toledo afirmó ayer que el acueducto «tiene fecha de caducidad»

Serrano volvió a ofrecer al presidente García-Page un pacto regional por el agua, en el que «todos los colectivos estén representados» y destacó la importancia de que los ayuntamientos estén representados para garantizar la prioridad de la cuenca cedente y los caudales mínimos de las sentencias del Tribunal Supremo, pero de igual manera abogó por que las decisiones que se adopten en materia de agua «tengan carácter técnico» y que no se pierda el horizonte de que dichas decisiones deben ser tomadas de la mano de los expertos.

«Trasvasando barro»

Por su parte, el secretario de Organización de Cs y presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes manchegas, Alejandro Ruiz, defendió que la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía esté presente en la comisión de explotación del Trasvase, al tiempo que consideró que el acueducto «tiene fecha de caducidad».

Ruiz indicó que, en todo caso, «hoy por hoy no se puede hacer otra cosa» que trasvasar, ya que el sistema está «enfrascado» en una infraestructura «del siglo XX», y ni al PP ni al PSOE «se les ha encendido la bombilla» para buscar otra solución. Entre las propuestas de su partido, citó la revisión de los caudales ecológicos, toda vez que en estos momentos «se está trasvasando barro».

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE manchego, Cristina Maestre, aprovechó la controversia para pedir al PP que haga un bloque «territorial y regionalista», que esté «pegado a los intereses de los ciudadanos» «por encima de sus siglas».

La iniciativa del Ministerio de modificar las normas de explotación del acueducto en el plazo de dos años fue contestada ayer en Murcia por el secretario ejecutivo de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del PP, Jesús Cano, para quien «el PSOE impone el cierre del Trasvase con la revisión de la Ley del Memorándum».

Cano acusó al secretario de Estado, Hugo Morán, de «utilizar la manipulación y la desinformación para abrir la puerta a cambiar una ley fruto del consenso entre cinco comunidades autónomas que ha servido para regular los envíos de agua desde hace más de seis años, sin que se haya producido ningún daño ecológico».

Más