La corte de Derechos Humanos revisará el caso de un joven de Cartagena contaminado por plomo
El padre recurre a la justicia europea el fallo del TSJ que desvincula el déficit mental de su hijo con la exposición a residuos mineros junto a su casa desde que era niño
En diciembre de 1994, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) marcó un hito para los ciudadanos de la Región de Murcia al amparar a ... una vecina del paraje de El Lugarico, en Lorca, frente a los ruidos, las emanaciones tóxicas y los malos olores que tuvo soportar durante ocho años por la actividad de una depuradora de aguas residuales del sector del curtido de piel, construida en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento frente a su casa, que -junto a su marido y dos hijas menores de edad- se vio obligada a abandonar. El Estado español fue condenado a indemnizar a Gregoria, que como una de sus entonces niñas sufre como secuelas asma alérgica, con 4 millones de euros. Con su pasividad, sentenció el TEDH, las autoridades españolas violaron el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia».
Cerca de treinta años después, la familia de un joven de 19 años vecino de Estrecho de San Ginés, uno de los pequeños núcleos de población de la diputación de El Beal, en el municipio de Cartagena, lucha para que esta misma corte de garantías declare al chaval víctima de la exposición a metales pesados a lo largo de su vida en los alrededores de su casa, donde además jugaba. Ayer, el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa al padre de Manuel, recibió un escrito donde el TEDH le comunica que ha admitido a trámite el recurso que presentó contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia contraria a las pretensiones de los demandantes. «El caso será sometido a examen del Tribunal tan pronto como sea posible», informa la corte a Muñoz.
La sentencia combatida data en febrero de 2022. El TSJ, cuyo fallo ratificaron después el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, rechazó una demanda de vulneración de derechos fundamentales contra la Comunidad Autónoma, al no considerar acreditada la vinculación entre el contacto con residuos peligrosos (al respirar partículas tóxicas) en los terrenos cercanos al domicilio del entonces menor y su bajo cociente intelectual. La Sala de Lo Contencioso Administrativo del tribunal autonómico no vio probada, tampoco, la «inacción» de la Comunidad respecto a la restauración de los depósitos de residuos mineros de la Sierra de Cartagena y La Unión.
En su sentencia, afirmó que «es cierto» que el niño, «al residir en una población situada en la zona minera, se ha visto expuesto a la inhalación de plomo, con su incidencia en sangre». Y añadió que «ello puede causar un daño permanente al sistema nervioso y provocar una disminución del coeficiente intelectual, trastornos de aprendizaje y otros más». Sin embargo, los magistrados advirtieron de que habría tenido que constatarse una pasividad asociada a la salud del menor «en niveles relevantes». Y concluyeron que las pruebas aportadas por el demandante no demostraron «una afección de manera relevante en su integridad física». Los niveles de plomo no superaron «el límite actualmente aceptable» ni una reducción de su coeficiente intelectual, «que la forense reconoció que era bajo», señaló la Sala. Los demandantes aportaron analíticas según las cuales el menor tenía 4,8 microgramos por decilitro de sangre] de plomo, un metal del cual no hay valor seguro en el organismo.
El Prasam, anunciado en 2018
El TSJ negó una indemnización de 600.000 euros al entonces menor de edad y a su padre por daños daños físicos y morales. Y relató que, para abordar un problema complejo por cambios legales y obligaciones de distintas empresas que explotaron las antiguas minas (algunas compañías ya no existen), la Comunidad llevaba años impulsando medidas sanitarias y de mejora ambiental. El TSJ mencionó la tramitación del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam), que incluía la previsión del Gobierno regional de invertir 85 millones de euros, según anunció el Ejecutivo en 2018. Los demandantes advierten a Estrasburgo de la «inacción» del Ejecutivo, pues su plan continúa pendiente de aprobación y los vecinos de la zona siguen expuestos a los metales, a través de los lixiviados cuando llueve y del polvo tóxico cuando hace viento.
Por ahora, las únicas obras de sellado de balsas mineras las realiza la Comunidad en la de El Lirio, en Los Belones (junto a La Manga Club), en un proyecto financiado en un 80% por el Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno central espera iniciar en breve la descontaminación de suelos en Llano del Beal, dentro de una iniciativa de 110 millones de euros para restaurar distintas zonas de la Sierra, dentro de su plan de recuperación del Mar Menor.
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