«Ese construir más de lo necesario va en la dirección de obtener más comisiones»

El control del proyecto comenzó a írseles de las manos en 2005, cuando en su búsqueda de socios con los que financiar la construcción de la planta entró en el accionariado el Grupo ACS, que tuvo que entregar algo más de un millón de euros por formar parte del negocio.

Esa situación, derivada de esa pérdida de control, causó cierto malestar en los socios fundadores, que fue en aumento con la entrada de la Administración regional y, de manera mucho más intensa, con la llegada del Ente Público del Agua (EPA), que en 2006 adquirió el 51% de las acciones a través de la sociedad Desaladora de Escombreras (DdE).

Documentos intervenidos por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), durante los registros efectuados en sedes de empresas, en las instalaciones de la desalobradora y en dependencias oficiales, permiten conocer ahora hasta qué extremo estaban indignados por el giro que se había imprimido al proyecto. Hasta el extremo de que llegaron a estudiar querellarse contra altos cargos de la Comunidad por delitos de prevaricación y hasta de cohecho, bajo la acusación de haber trocado el sentido original de la planta y de estarla utilizando con el único fin de autorizar nuevos desarrollos urbanísticos, asegurándoles la disposición de caudales de agua y soslayando así los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Esta situación se refleja claramente en un documento intervenido en el despacho de uno de los socios locales de Hydro Management, José Caballero Sevilla. El escrito, de consumo interno y que la Policía atribuye al empresario José Carvajal, expresa el malestar existente por este giro en el proyecto y por el hecho de que la Administración regional lo hubiera utilizado, en apariencia, para desarrollar 40 expedientes de recalificación de terrenos, en una imparable «expansión urbanística».

«Mientras Valcárcel habla de Pacto por el Agua -se lamenta el autor del documento-, no se dignan a hablar con la MCT (Mancomunidad de Canales del Taibilla) o con la CHS», y acaba afirmando que «este construir más de lo necesario va en la dirección de obtener más comisiones». Una imputación de enorme gravedad vertida supuestamente sobre la política urbanística del Ejecutivo de Valcárcel en aquella época.

En la misma línea, otro documento, encontrado también en poder de José Caballero, sostiene que altos responsables del Gobierno regional podrían haber incurrido en dos presuntos delitos. Uno de ellos, «prevaricación, ya que la Comunidad, a través de la sociedad DdE, promueve la construcción de una infraestructura para obtener de ella un servicio distinto a aquel para el que fue concebida; un servicio que no es de utilidad pública (garantizar el agua a las promotoras urbanísticas) y que se presta de manera gratuita contra los presupuestos públicos o contra el patrimonio de un grupo de empresarios (ellos mismos), que vienen siendo así estafados».

La segunda imputación era la de «cohecho: el que se halle (encuentre) en los procedimientos en curso sobre las recalificaciones irregulares de terrenos, como las de Novo Carthago (Hansa Urbana)». Este comentario muestra en apariencia el convencimiento de algunos de los socios locales de que altos responsables políticos estaban enriqueciéndose personalmente con las autorizaciones de nuevas urbanizaciones.

No parece casual que se cite Novo Carthago, teniendo en cuenta que existen una diligencias judiciales abiertas sobre esta presunta recalificación ilegal y que, en esta causa, se esté investigando la supuesta comisión de delitos de cohecho, entre otras infracciones penales.

Los documentos incautados a los 'socios locales' también expresan sus sospechas de que el Ente Público del Agua (EPA), a través de quien era su gerente, Amalio Garrido, estaba imponiendo la subcontrata de empresas como Aquagest y Amur en ese proyecto, todo ello sin dignarse a recabar su opinión como socios.

Curiosamente, esa pérdida de control sobre el proyecto, que tanto malestar produjo en su día entre este grupo de empresarios murcianos, puede convertirse ahora en su principal baza en la investigación judicial. No en vano, bien podrían acogerse al argumento de que eran ignorantes de buena parte de las irregularidades que presuntamente se cometieron en torno a la desaladora.