El Constitucional avala la reforma del Ejecutivo regional contra los cultivos ilegales del Mar Menor
Rechaza el recurso del Gobierno central contra la exigencia de resoluciones firmes de la CHS para devolver regadíos a secano
El retraso en el desmantelamiento de miles de hectáreas de regadío ilegal en la cuenca del Mar Menor desató en 2021 un choque político y jurídico entre el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), del Ministerio para la Transición Ecológica. La batalla acabó en el Tribunal Constitucional. Dos años después, la corte de garantías ha inclinado la balanza en favor del Ejecutivo autonómico, al rechazar un recurso del Ejecutivo nacional y confirmar que la Ley de recuperación y protección del Mar Menor no invade competencias ministeriales ni pretende librar a la Comunidad Autónoma de la obligación de restituir los terrenos sin derechos de riego a la situación anterior de secano o forestal.
El Pleno del Constitucional dictó ayer por unanimidad una sentencia en la que desestima el recurso presentado por el Gobierno de España contra el decreto-ley del Ejecutivo regional que, en agosto de 2021, reformó la Ley de recuperación y protección del Mar Menor. El TC considera que esa norma respeta el régimen de distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades sobre el medio hídrico.
Según informó este miércoles el propio tribunal, el fallo avala el paso dado por la Administración regional al establecer un requisito para que la Consejería de Medio Ambiente iniciara cada uno de los procedimientos de devolución de fincas a su situación original. Esa condición previa es que existiera una resolución administrativa firme de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) acerca del cese o prohibición de regadíos por ausencia de derecho de aprovechamiento privativo de aguas.
La decisión del anterior gabinete de Fernando López Miras, del PP, fue rechazada de plano por la CHS, dirigida por Mario Urrea, y el Ministerio de Teresa Ribera, del PSOE. Ello desató un cruce de escritos y acusaciones públicas mutuas de pasividad y de «inacción». La Comunidad reprochó al Ministerio no haber aplicado durante años la Ley de Aguas hasta sus últimas consecuencias, al no forzar la restitución de los terrenos; y el Ministerio a la Comunidad, no actuar pese a haber recibido notificaciones de la CHS sobre numerosos expedientes sancionadores a parcelas con regadío ilegal.
El TC zanja ahora la cuestión en favor de la Comunidad. Según informó este miércoles el TC en un comunicado, el Pleno del Constitucional considera que el Gobierno regional buscó simplemente «aclarar determinados extremos de carácter técnico-procedimental de la regulación autonómica preexistente, con la finalidad de agilizar la tramitación de los expedientes de restitución de cultivos». Y recordó que desmontar los cultivos ilegales es «una de las herramientas centrales de la política autonómica de protección del Mar Menor frente al vertido de nutrientes de origen agrario».
Modificación de la ley
El ejecutivo central sostuvo en su recurso que la norma «reducía y limitaba» la protección de la laguna; y que la Comunidad «desistía injustificadamente de actuar de oficio en muchos otros supuestos de ilegalidad en los que las explotaciones se asientan en suelos forestales, de secano o protegidos».
Ortuño: «Esta sentencia es un varapalo al Gobierno de Sánchez y deja patente su uso político del Mar Menor»
El Constitucional lo niega y descarta los tres vicios de inconstitucionalidad: falta de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» para actuar por decreto-ley; vulneración de las competencias nacionales sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma; e infracción del procedimiento administrativo común.
Ponencia de un progresista
El Pleno consideró «una ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez», según la cual el Ejecutivo regional definió «de forma explícita y razonada» la necesidad de dar «una rápida respuesta» a «la situación crítica del estado ecológico del Mar Menor»; y de hacerlo con garantías legales.
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El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, afirmó que el Constitucional «da un varapalo al Gobierno de España por el incumplimiento de sus obligaciones y deja patente que el Gobierno de Sánchez solo hace un uso político del Mar Menor». En un comunicado, el consejero añadió que la sentencia «demuestra que no ha habido invasión de competencias ni dejación de funciones, y que el Gobierno de Fernando López Miras actúa siempre con rigor y cumpliendo la legalidad para defender el Mar Menor».
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Vázquez pide «trabajar desde la ciencia» para salvar la laguna
El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, hizo ayer un llamamiento a «trabajar» en la recuperación de «un ecosistema frágil» como el Mar Menor desde «el mejor conocimiento científico». Y citó aspectos clave: tomar medidas «sobre su cuenca vertiente en superficie», algo que depende tanto de la Comunidad Autónoma como del Ministerio para la Transición Ecológica, y también «sobre su gran acuífero, que tiene en el subsuelo», que corresponde al citado Ministerio a través de la Confederación Hidrográfica.
En el primer caso, destaca la actual elaboración del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor por parte del Gobierno regional. Y en el segundo, las discrepancias a propósito del rechazo del Ejecutivo central a la solicitud autonómica de drenar el acuífero, para evitar el vertido de agua con nitratos y fosfatos, y evacuar y reutilizar el agua con infraestructuras del anulado Plan de Vertido Cero.
Vázquez se refirió a la situación de la laguna con motivo de la toma de posesión de tres altos cargos de su departamento: María Cruz Ferreira, como secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática; Víctor Serrano, como director general del Mar Menor, y Federico Miralles, como director general de Energía y Actividad Industrial y Minera.
Vacantes por cubrir
Siguen pendientes los nombramientos de los responsables de las direcciones generales de Patrimonio Natural y Acción Climática, de Medio Ambiente y de Universidades. Todo ello, a falta de conocer si el Consejo de Gobierno designará hoy a las personas que se harán cargo de estos puestos.
«Estamos obligados a servir a la sociedad», dijo el consejero en el acto, al que asistieron entre otros invitados el ex director general de Industria, Horacio Sánchez, y el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García.
El consejero afirmó contar «con un gran equipo, para trabajar en el medio ambiente pensando en cómo nos relacionamos con él desde una economía circular limpia y desde una estrategia que nos permita reutilizar, reciclar y reducir residuos». También habló del objetivo de «preservar y recuperar ecosistemas y de reintroducir especies y conservar las que existen, especialmente las que se encuentran en mayor peligro».
