El Consejo Jurídico critica los límites para pasar de curso fijados por la Consejería
El dictamen al decreto de currículo de la ESO dice que las notas numéricas y las condiciones que impone a los docentes en sus evaluaciones son contrarias a la Lomloe
Los límites que la Consejería de Educación pretendía imponer a los docentes para la evaluación de los alumnos en Educación Secundaria Obligatoria han ... sido objeto del reproche del Consejo Jurídico de la Región. El dictamen de este órgano consultivo –preceptivo pero no vinculante– al proyecto de decreto del currículo de la ESO viene a recriminar a la Consejería que contradiga lo ordenado por la reforma educativa (la Lomloe) y mantenga limitaciones a la promoción de curso y las calificaciones numéricas (del 1 al 10). Las dos cuestiones son claves en la 'ley Celaá' y condensan el espíritu de la norma, que pretende una evaluación global del alumno por parte de sus profesores que no esté limitada a un número determinado de suspensos, y marca que la repetición de curso debe ser una medida excepcional.
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El proyecto de decreto de la Consejería establecía límites –que la Lomloe descartaba– a la decisión de los docentes sobre la promoción del alumno. Educación marcaba como recomendación que los alumnos que suspendan tres asignaturas solo podrían pasar de curso si avalan esa decisión tres cuartas partes de los miembros del equipo docente. Además, marcaba una serie de condiciones (que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas, entre ellas) para la promoción.
Sin embargo, el Consejo Jurídico entiende que las restricciones que la Consejería «impone al equipo docente, vestigios de una normativa que hoy ya no goza de vigencia, contradicen la intención expresamente manifestada por el legislador básico de dotarlo de libertad para que la decisión sobre la promoción o permanencia del alumno se base en el beneficio académico del alumno, con una evaluación individualizada y personalizada, enfocada a la consecución de objetivos», dice el dictamen en referencia al límite de suspensos. El Consejo Jurídico recuerda que la Dirección de los Servicios Jurídicos ya señaló que la limitación vinculada al número de suspensos era una medida «contraria a la norma básica, en la medida que impone condiciones predeterminadas a los equipos docentes para poder adoptar sus decisiones», y remarcó que se constreñía «la libertad de decisión de los equipos docentes, en los que la norma básica (la Lomloe) hace descansar todo el sistema de evaluación». Sobre la mayoría cualificada propuesta por Educación, el Consejo Jurídico considera que «debería quedar reservada para las decisiones sobre la permanencia en un mismo curso, dado el carácter excepcional de esa medida, bastando el acuerdo con mayoría simple para la promoción del alumno independientemente del número de materias en las que hubiera obtenido evaluación negativa».
El dictamen reclama, además, a Educación que elimine del decreto todas las referencias a las calificaciones numéricas (del 0 al 10), que Educación había mantenido a pesar de que la Lomloe las erradicó. «En su lugar, los resultados de la evaluación se expresarán en los términos de Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, insiste el Consejo Jurídico. «Procede, en consecuencia, eliminar todas las referencias a las calificaciones numéricas que contiene el proyecto en sus artículos 20.4, 41.3 y 43.2», dicta el Consejo, en consonancia también con los Servicios Jurídicos.
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La 'ley Celaá' establecía, como recuerdan las recomendaciones básicas del Consejo Jurídico, que la decisión sobre si el alumno pasa de curso esté en manos del equipo docente sobre la base de qué será más favorable para la evolución académica del alumno, sin que dependa de haber suspendido más de dos asignaturas, como ocurría hasta ahora. La Lomloe también elimina de forma clara las calificaciones numéricas, que Educación ha mantenido en el decreto de Primaria como información adicional.
Educación «trabaja en la adecuación del texto a raíz de la valoración»
La Consejería de Educación «está trabajando en la adecuación del texto a raíz del dictamen del Consejo Jurídico con el fin de que la norma sea lo más precisa desde el punto de vista técnico y jurídico a sus directrices», aseguraron ayer desde la Consejería. En cualquier caso, el dictamen del Consejo Jurídico da vía libre al proyecto de decreto y señala que «la Comunidad cuenta con competencia material para aprobar la norma». Desde Educación, insistieron ayer en remarcar que «la Consejería siempre ha defendido que intentaría frenar los aspectos más perjudiciales de la Lomloe, pero siempre dentro del respeto a la legalidad que garantice la seguridad jurídica de normas que son muy relevantes para el funcionamiento del sistema educativo».
Así, habrá que esperar a conocer la versión del decreto que llega al Consejo de Gobierno para saber hasta qué punto se han tomado en consideración las recomendaciones del Consejo Jurídico, que establece también en su dictamen que regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales «es una competencia de exclusiva titularidad estatal», lo que también incide en defender la libertad de los docentes para determinar si el alumno debe obtener el título.
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