La Consejería encabeza el rechazo de la concertada a la reforma exprés de la Lomce

A. Martínez-Cachá./J. M. Rodríguez/ aGMGráfico
A. Martínez-Cachá. / J. M. Rodríguez/ aGM

El sector, sobre todo la patronal y los padres de centros religiosos, lo consideran un ataque a la libertad de enseñanza

Julián Mollejo
JULIÁN MOLLEJOMurcia

Los planes de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de quitar peso a la enseñanza concertada a través de una reforma exprés de la Lomce, desató ayer la reacción en contra unánime del sector, al frente de la cual se situó la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá.

Ni veinticuatro horas dejó pasar la consejera para convocar una reunión de las patronales y asociaciones de padres y madres de centros concertados con el fin de escenificar el rechazo y tratar de crear un frente común hacia una modificación que podría afectar a uno de cada tres alumnos no universitarios de la Región de Murcia.

Las declaraciones de la ministra del miércoles en el Congreso fueron una declaración de intenciones que aún debe ampliar y concretar, pero sí dejó claro que la enseñanza pública debe prevalecer siempre sobre la concertada y también su propósito de retocar el artículo 109.2 de la Lomce para eliminar el criterio de la «demanda social» como justificante para los conciertos educativos, una puerta utilizada con frecuencia por algunas comunidades para ampliar la financiación de centros privados.

Martínez-Cachá ha convocado hoy a las principales organizaciones para crear un frente común

«No entiendo este ataque a la concertada», declaró ayer la consejera a 'La Verdad'. «Hay dos sistemas que conviven perfectamente, sin problemas, por lo que apelamos al diálogo, sin imposiciones de nadie», agregó.

A la reunión de esta mañana han sido citadas las tres organizaciones que representan a los centros concertados: Ucomur, por parte de las cooperativas de enseñanza; FERE, de los colegios de titularidad religiosa, y CECE, que agrupa a centros privados, tanto laicos como religiosos. También han sido invitadas las asociaciones de padres y madres de estos colegios, Concapa y Fampace. Después, la consejera se entrevistará con el delegado de Educación de la diócesis de Cartagena, José Ruiz, con el que tratará los cambios en la enseñanza de la religión planteados por la ministra dentro de la misma reforma de la Lomce.

Reacciones

Juan Antonio Pedreño. Ucomur
«Estoy preocupado, pero no alarmado. Hay que esperar un poco a que el Ministerio concrete su posición»
Hermana Alicia Plaza. Escuelas Católicas
«Es una aberración. Lo que quieren es cargarse la libertad de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos»
Víctor Escavi. Concapa
«Haremos lo que haga falta para preservar nuestros derechos; si hay colegios concertados es porque los demandan los padres»

Todos ven en la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez una amenaza a la libertad de los padres para elegir la educación que deben recibir sus hijos. «Nuestro compromiso -indicó la consejera- es mantener una enseñanza pública de calidad y también dar los padres y madres la posibilidad de que puedan elegir libremente dónde quieren que estudien sus hijos. No vamos a permitir que padres y madres vean perjudicados sus derechos y vamos a garantizar siempre la estabilidad de los puestos de trabajo de los docentes de la concertada».

El peso de la enseñanza concertada en la Región de Murcia no es significativo si se compara con el resto de España. De los 639 centros educativos existentes, 121 son concertados -una cifra que no ha variado en los tres últimos cursos-, lo que significa que el 70,46% son públicos y un 29,54%, concertados. La media nacional es de un 67,8% de centros educativos públicos, un 25,6% concertados y un 6,6% privados.

Se da la circunstancia de que unas de las comunidades autónomas con mayor desarrollo de la enseñanza concertada, con casi el 50% del total de alumnos, es el País Vasco, donde la ministra Isabel Celaá fue consejera de Educación durante cuatro años.

En esos 121 centros concertados existentes en la Región recibieron clase el pasado curso 68.957 alumnos por parte de 5.970 profesores.

En lo que sí destaca Murcia dentro de este sector es en el elevado porcentaje de cooperativas de enseñanza (45,46%) con respecto al total de centros concertados, según datos de la Consejería de Educación.

El presidente de la confederación que las representa (Ucomur), Juan Antonio Pedreño, se muestra prudente ante el anuncio de la ministra Celaá. «Estoy preocupado, pero no alarmado. Creo que debemos esperar un poco a que concreten su posición», indicó.

«Que toda la concertada tenga miedo de que gobierne el PSOE es malo para ellos, y eso es lo primero que deben desmentir porque son conscientes de ello», agrega Pedreño, a quien también tranquiliza la gestión realizada por Celaá durante su etapa como consejera de Educación en el País Vasco. «Tuvo una actuación respetuosa y no a la contra», señala al respecto.

«Confrontación interesada»

Más inquietos se muestran los representantes de los centros religiosos. «Es una aberración», indica la hermana Alicia Plaza, de Escuelas Católicas (Fere), sobre la propuesta de la ministra. «Lo que quieren es cargarse la libertad de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, un derecho del que el Estado debe ser garante», agrega la religiosa y profesora.

Víctor Escavi, presidente regional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), declara que están dispuestos a «hacer lo que haga falta» para preservar sus derechos. «Si hay colegios concertados es porque lo demandan los padres, y esos centros están suficientemente preparados para diseñar los currículos de acuerdo con las familias», añade, por lo que, a su juicio, poner trabas a este tipo de enseñanza es «intentar coartar la libertad de los padres».

PP y PSOE también se metieron en la refriega dialéctica. Los populares, por boca de su vicesecretario de Comunicación, Joaquín Segado, pidió a los socialistas que «aparquen sus ocurrencias y apuesten por la mejora de la calidad de la enseñanza». Por parte del PSOE, el secretario de Educación de la ejecutiva regional, Raimundo Benzal, acusó a la consejera de «buscar una confrontación interesada» y de «confundir deliberadamente la libertad de creación de centros, constitucional, con la libertad de elección, legítima, pero que no conlleva la obligación de concertar en función de la demanda, sino de la planificación de los recursos públicos».

 

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