La Consejería critica los fondos asignados en el plan de solvencia empresarial

Por tanto, el reparto medio en función de la población sitúa a Murcia muy por debajo de los 148,85 euros por habitante de la media nacional. Sobre el total de comunidades, Canarias y Baleares copan el reparto por la reserva de unos 2.000 millones de euros debido a su singularidad. El cálculo arroja 826,48 euros por habitante para Canarias y 487,60 euros para Baleares. También resultan más beneficiadas la Comunidad Valenciana (138,15 euros por habitante), Castilla-La Mancha (131,75) y Navarra (124,71).

Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región responden que «se trata de un reparto con criterios objetivos, al igual que los fondos React», así que «no se puede hablar de discriminación puesto que otras comunidades gobernadas por el PP son de las más beneficiadas». Por ello, sostienen que lo que hace el Ejecutivo regional «es volver a ir a la contra del Gobierno de España, que durante todo este año de pandemia ha enviado a la Región, directamente y hasta el momento, más de 410 millones». Así que «exigimos lealtad y rigor, y no políticas partidistas y de confrontación, que parece que es lo único que interesa a algunas administraciones».

Mientras, en la Consejería de Presidencia y Hacienda mantienen que «se ha convertido en un nuevo ejemplo del menosprecio y la nula preocupación por el futuro de la Región». Insisten en que, como ya ocurrió con el fondo Covid y con las ayudas europeas, se vuelve a ignorar a las comunidades «y castiga a las que no gobierna su partido», ya que aquellas bajo mando del PSOE «copan el reparto».

Desde el departamento que dirige Javier Celdrán reiteran que «es totalmente arbitraria la selección de los sectores incluidos, dejando fuera a actividades con un importante peso, como es el caso del calzado, además de que es insuficiente en la cuantía».

Y es que en un caso hipotético de una empresa con 11 trabajadores que hubiese tenido unas pérdidas de 250.000 euros como consecuencia de la pandemia, la ayuda que recibiría sería de apenas 4.000 euros, advierten.

La Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm) también ha pedido que se incluya a sus sectores en las ayudas, ya que el futuro es incierto en este momento. Y es que con la norma actual se quedan fuera los talleres de reparación, automoción, recambios, combustibles, neumatiqueros y carroceros, ITV, desguaces, gruístas, entre otros.

El plan del Gobierno se articula en tres fondos: la línea de 7.000 millones de euros para ayudas destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y acreedores; otra de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.