El Congreso aprueba la ley de FP, pero el PP impide el consenso
La norma permite una formación a la medida, fomenta las prácticas y establece pasarelas con la universidad
A. TORICES y Fuensanta Carreres
Viernes, 17 de diciembre 2021, 03:00
El Partido Popular evitó sobre la campana que la nueva ley de Formación Profesional, que ayer aprobó el Congreso, se convirtiese en la norma educativa con mayor consenso desde la Transición, un hecho que los socialistas, encabezados por la propia ministra de Educación, Pilar Alegría, habían comenzado a vender como algo histórico.
Hasta que la presidenta llamó a votar, pasada la una y media de la tarde, los populares barajaban abstenerse respecto a una ley que ha tenido el respaldo de amplios sectores sindicales y empresariales. Sin embargo, llegado el momento de apretar el botón, la bancada conservadora pulsó el 'no', para sorpresa de sus socios de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Vox, que se mantuvieron en la abstención. Con este giro, el PP, que se había abstenido hace dos semanas en la Comisión de Educación frente al mismo texto, activó los únicos 'noes' y acabó con la fiesta socialista.
La ley, que podría recibir el sí definitivo y entrar en vigor en marzo, contempla un periodo de transición de cuatro años en el que de manera progresiva se pondrá en marcha el grueso de reformas del sistema.
La reforma da un fuerte impulso a la docencia virtual y diseña un sistema flexible y acumulativo de formación
La norma pretende potenciar y modernizar unos estudios que, a partir de ahora, desarrollarán una parte sustancial del aprendizaje de los alumnos (un mínimo del 25%) en las empresas del sector en el que pronto buscarán su primer empleo. Tiene como objetivo duplicar el número de jóvenes técnicos y especialistas –para responder a los perfiles que el mercado español demandará desde 2025– y crear un sistema ágil y flexible que asuma la formación de los ocupados y el reciclaje de desempleados, así como la actualización de conocimientos a lo largo de la vida.
El proyecto de ley contará con 5.500 millones de euros hasta 2025 para asegurar la puesta en marcha de las reformas. Aspira, además de a ampliar y modernizar las titulaciones, a crear un mínimo de 200.000 plazas en los ciclos formativos en un cuatrienio, acreditar en igual período las competencias profesionales de más de tres millones de españoles que carecen de certificación oficial alguna, y a ser la vacuna contra el abandono educativo temprano.
La reforma fusiona en un solo sistema la antigua FP reglada –la que cursan los jóvenes en los institutos– con los programas y cursos de formación continuada y para el empleo, en muchas ocasiones gestionados por patronales, sindicatos o empresas. Para que sea posible el cambio, diseña un sistema flexible y acumulativo de formación, con un fuerte impulso de la docencia 'online', que permitirá itinerarios académicos a la carta, sobre todo para quienes aprenden y trabajan a un tiempo.
