Las condenas judiciales por casos de violencia de género aumentan más de un 20%

José Luis Díaz Manzanera. /Javier Carrión/ AGM
José Luis Díaz Manzanera. / Javier Carrión/ AGM

La Fiscalía lamenta que la mitad de las sentencias absolutorias dictadas en 2017 en la Región sean porque las víctimas retiran las denuncias

Julián Mollejo
JULIÁN MOLLEJOMurcia

El incremento de la actividad de la Fiscalía de la Región durante el pasado año, tanto en sumarios, con un aumento del 11,4%, como en sentencias (4.403 en total, casi mil más que el ejercicio anterior), no evitó que el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, expresara ayer, durante la presentación de los principales datos de la Memoria de la Fiscalía de 2017, su lamento por las dificultades que el ministerio público encuentra en su labor diaria.

Uno de ellos fue en relación a los delitos de violencia de género. A pesar del aumento de las sentencias condenatorias por conformidad en más de un 20%, Díaz Manzanera se quejó de que la mayoría de las sentencias absolutorias se deban a que las víctimas no ratifiquen las denuncias y a que se acojan a su derecho a no declarar contra el agresor cuando se trate de su cónyuge o pareja.

En concreto, de las 4.403 sentencias registradas el pasado año, solo el 18% fueron absolutorias (siete puntos menos que en 2016), y de ellas aproximadamente el 51% lo fueron con disconformidad con el fiscal en casos de violencia contra la mujer y de género por la retirada de la denuncia por parte de la víctima.

Los casos de abusos sexuales crecieron un 10,2%, pero bajaron las agresiones

La Fiscalía calificó un total de 1.591 casos por este tipo de delitos, de los que 264 concluyeron en condenas tras juicio oral; 211 se resolvieron con sentencias absolutorias y 621 con sentencias condenatorias por conformidad en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Díaz Manzanera expuso la «sensación de impunidad» que sienten los fiscales en los casos en que, a pesar de tener constancia de la culpabilidad de los acusados, no pueden condenarlos porque las víctimas retiran las denuncias o bien se niegan a declarar en contra de ellos.

Derecho a no declarar

Por este motivo, el fiscal jefe pidió una reforma legal para que las víctimas de violencia de género no puedan acogerse a su derecho a no declarar para los casos en que al menos haya lesiones.

Casi la mitad de los 560 condenados que fueron a prisión fue por delitos contra la propiedad

Otro dato relevante relacionado con la violencia contra la mujer fue el enorme aumento de las medidas cautelares adoptadas por los fiscales, como fueron las 39 prisiones y 650 órdenes de protección (un 116% más que en 2016) en favor de las víctimas.

Esto se debió, explicó Díaz Manzanera, al incremento en un 121,89% de los delitos de quebrantamiento de condena o medidas cautelares, principalmente por parte de acusados de violencia contra la mujer.

De todas las sentencias dictadas durante el pasado año por este tipo de delitos, solo una fue condenatoria por homicidio. Tres diligencias se incoaron por abusos o agresión sexual y una veintena por lesiones.

Los casos más numerosos que requirieron la actuación de la Fiscalía fueron por maltrato ocasional (2.025), seguidos de maltratos habituales (439 diligencias abiertas), amenazas (52) y coacciones (16).

En relación con el parentesco por el que se tipifican los delitos relativos a violencia de género, las parejas de hecho constituyen el mayor número, con un total de 900. Le siguen las exparejas de hecho (671), cónyuges (328), los novios sin convivencia (324) y excónyuges (254).

Díaz Manzanera se mostró cauto al opinar sobre la reciente propuesta de la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, de modificar el Código Penal para eliminar la diferenciación entre abuso y agresión sexual, de forma que, si no hay una aceptación expresa de la relación, sea considerada invariablemente como violación.

«No termino de entenderlo. Suena un poco raro. Creo que requiere un estudio muy profundo y que, jurídicamente hablando, hay que madurarlo mucho», indicó el fiscal.

Con respecto a los delitos relacionados con la libertad sexual, en general disminuyeron un 4,5% el pasado año, si bien aumentaron los abusos (10,2%) y bajaron las agresiones sexuales (-7,9%).

Lo que no ha variado en la Memoria de la Fiscalía de 2017 con respecto a años anteriores es la principal causa que lleva a los condenados a dar con sus huesos en la cárcel. La actividad de los fiscales durante el pasado ejercicio permitió el ingreso en prisión de 560 personas, de las que casi la mitad lo fueron por delitos contra la propiedad, en su mayoría por robos en vivienda, seguidos por los autores de delitos de tráfico de drogas.

A pesar de ello, dentro de los delitos contra el patrimonio se produjo un significativo descenso del 21,4% en los robos con fuerza, robos con intimidación y estafa, según explicó el fiscal superior.

La Memoria de la Fiscalía revela también un descenso del 17% en 2017 de los homicidios y asesinatos, y un aumento del 36,6% de los delitos de desobediencia a la autoridad y a funcionarios, mientras que los de prevaricación bajan un 15,9%.

«Faltan 15 fiscales para equpararnos a la media»

José Luis Díaz Manzanera reiteró ayer las quejas por la acuciante falta de medios personales y materiales que sufre la Fiscalía de la Región de Murcia. En la actualidad, cuenta con 62 fiscales y 41 funcionarios, pero son «claramente insuficientes», precisó. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia es la primera en el ratio por población, con un fiscal por cada 24.091 habitantes; la cuarta por carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales. Mientras que en funcionarios es la peor dotada de España. Según Díaz Manzanera, «faltan, al menos, unos quince fiscales para equipararnos a la media nacional».

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