La Comunidad urge al Gobierno a actualizar las normas sobre la navegación en el Mar Menor
Ribera manda investigar la fiesta de la isla del Ciervo y achaca el posible daño ambiental a la «falta de control» autonómico
La Comunidad Autónoma urgió ayer al Gobierno central a actualizar la normativa sobre navegación de embarcaciones en el Mar Menor, conforme al acuerdo firmado por ambas partes en mayo de 2021. En medio de la polémica sobre la fiesta ilegal del 20 de agosto junto a la isla del Ciervo, con decenas de barcos, la Consejería de Medio Ambiente recordó que el Ejecutivo regional derogó en junio de 2021 los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, de 2020. El Ejecutivo central expuso «discrepancias» por la posible invasión de competencias estatales y hubo un pacto rubricado por el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo. Se informó al Tribunal Constitucional.
Fuentes de la Consejería de Luengo criticaron que 15 meses después «de obligar a derogar los artículos y comprometerse a regular la navegación, ni siquiera nadie dé explicaciones». En declaraciones a LA VERDAD, lamentaron que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, obvie que las competencias sobre navegación son de Capitanía Marítima y de la Guardia Civil (adscritos a los ministerios de Transportes e Interior, respectivamente) y que culpe de la fiesta ilegal a la Comunidad, por pura «confrontación política».
Este domingo por la tarde, Transición Ecológica anunció que «va a abrir un expediente informativo con relación a la macrofiesta». Los servicios jurídicos iniciaron su tarea el fin de semana por petición de la ministra, aseguraron por la mañana en el gabinete de Ribera. Y en la Consejería calificaron de «ridículo y demagogo culpabilizar a un gobierno autonómico de la celebración de un botellón».
Luengo recuerda que la competencia es estatal y que Iceta se comprometió a rehacer 3 artículos de la ley que protege la laguna
Del expediente podrán derivarse «sanciones si se acredita la vulneración de la legislación» de protección ambiental, seguridad marítima y actividades recreativas, indicó el Ministerio en un comunicado. Faltaron los «permisos» y el «control correspondientes». El Ministerio obvió que no hubo inspecciones de Capitanía Marítima ni de la Guardia Civil. Y atribuyó los posibles daños a la fauna y a la flora a «la falta de control previo de las actividades recreativas en el Mar Menor por parte del Gobierno regional».
Esta inacción, razonó, propició «excesos que alteran el delicado equilibrio del ecosistema». Según el Ministerio, «debía haberse informado previamente a la Dirección General de Costas y a Capitanía Marítima». La Comunidad no recibió ninguna solicitud de autorización de la reunión.
El PP pide más agentes
Fuentes del Ministerio indicaron a este diario que «el Gobierno regional no podía ignorar el concierto», pues ya «hubo otros» y «entre los organizadores había un concejal del PP en La Unión». El edil y músico, Ginés Guzmán, negó convocatoria alguna.
En Transición Ecológica dijeron que «no debe extrañar» que la Fiscalía haya encargado una investigación al Seprona, «por si hay delito ambiental». Y en la Asamblea Regional, el PP pedirá que el Gobierno central cubra el déficit de agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
