La Comunidad ha tramitado la tercera parte de los 352 millones de fondos europeos

En el caso de los fondos asignados al Estado por la Unión Europea, el porcentaje de ejecución el año pasado fue del 27%. En lo que va de 2022, el Gobierno central ha comprometido hasta ahora el 29% de los fondos recibidos. Son algunos de los datos que maneja la Consejería de Hacienda, que arremete contra el «caos» en que «se ha convertido la gestión de los fondos, que está marcada por la arbitrariedad, y la disparidad de criterios, además de la falta de información y de transparencia», según el consejero Luis Alberto Marín.

También por la «dispersión», ya que la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación «se ha reunido solo en tres ocasiones en estos dos años». La última reunión de este órgano, que supuestamente debía coordinar la ejecución de este programa, se celebró el 2 de agosto del pasado año. Además, «estamos asistiendo a conferencias sectoriales en las que cada ministerio impone sus criterios y condiciones sin ningún tipo de coordinación ni diálogo a cada órgano, consejería o departamento de cada comunidad autónoma, que son quienes tienen las mayores competencias en la prestación de los servicios públicos y quienes mejor conocen las necesidades estratégicas de sus territorios.

Luis Alberto Marín advirtió en este sentido de que todos estos factores «están poniendo en serio riesgo la eficacia y el poder transformador de unos fondos que suponen el mayor esfuerzo solidario que ha realizado Europa desde el Plan Marshall». A juicio del titular de Hacienda, «el desconcierto que está creando el Plan Nacional de Recuperación no solo amenaza su capacidad para impulsar la reactivación, sino que la descoordinación y las imposiciones del Gobierno central limitan el acceso a los fondos europeos de las comunidades peor financiadas, por lo que lo están convirtiendo en un factor que aumenta aún más los ya insostenibles desequilibrios territoriales».

Entre esas «imposiciones» que critica Marín está la «obligación de cofinanciación en determinados proyectos, que llega al 40%; así como el tratamiento del IVA, que unos ministerios consideran como gasto no elegible, otros lo consideran elegible según la naturaleza del beneficiario y otros comunican qué hacer con él en lugar de recogerlo en los instrumentos jurídicos de los proyectos y programas». En el caso de la Región, la consideración del IVA como gasto no elegible supone que la Comunidad tiene que aportar cerca de 60 millones de recursos propios, de los que ya ha desembolsado ocho en dos proyectos de investigación. «Si a la obligación de asumir el IVA se le suman los gastos de personal y de asistencia técnica y la citada obligación de cofinanciación, se estima que la Región de Murcia tendrá que poner más de 80 millones de euros de fondos propios para poder ejecutar los cerca de 590 millones asignados», explica el titular de Hacienda.

«A pesar de esa incertidumbre y falta de información y claridad, y de que la mayor parte de los fondos empezó a recibirse a partir del pasado 31 de diciembre», explica Marín, la Comunidad estima que se podrán destinar un total de 85,3 millones de euros a las entidades locales «para proyectos y programas como planes de mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios; inversiones en materia de saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad; modernización del sistema educativo; instalaciones de autoconsumo; apoyo a las mujeres en el ámbito rural y urbano; construcción, remodelación y adquisición de equipamiento para personas con discapacidad o para rehabilitación de viviendas».

Por otra parte, Marín subraya que la Comunidad recibirá 223 euros por habitante, frente a los 235 de la media nacional y los 410 de regiones como Extremadura. En este sentido, la Región de Murcia se coloca en el duodécimo lugar de la tabla autonómica en asignación per cápita, en la parte baja. «La complejidad normativa está desanimando a los sectores privados y desincentivando su participación en este mecanismo de ayudas, y está lastrando la puesta en marcha de proyectos dependientes de las administraciones en todas las comunidades», según Luis Alberto Marín.

«Los municipios, igualmente, están siendo víctimas de este desconcierto que sitúa a las administraciones regionales y municipales en una importante situación de inseguridad jurídica que pone en peligro la ejecución de los fondos distribuidos y de los proyectos asignados», concluye el consejero de Hacienda.