La Comunidad se suma a Castilla-La Mancha y Cataluña y cerrará también los prostíbulos

La Región de Murcia seguirá los pasos de Cataluña y Castilla-La Mancha, que se convirtieron ayer en las primeras comunidades en ordenar el cierre de los prostíbulos. Fuentes del Gobierno regional confirmaron la decisión a LA VERDAD, aunque no se detalló cómo se articulará jurídicamente.

«Los locales de ocio nocturno permanecen cerrados en la Región. Cualquier tipo de local que realice actividad similar con otra licencia, se estudiará desde el punto de vista jurídico su cierre, y se informará», señaló la Consejería de Salud.

La primera comunidad en anunciar esta medida fue Castilla-La Mancha. El gobierno manchego ya cerró el pasado fin de semana un club de alterne de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras un brote de coronavirus con ocho «trabajadoras» afectadas. Este caso evidenció la dificultad de llevar a cabo un rastreo entre clientes de prostíbulos, remisos a perder su anonimato.

La situación preocupaba en Castilla-La Mancha porque esta comunidad concentra cerca del 80% de todos los clubes de carretera existentes en España. De hecho, en la carretera N-301 a su paso por la provincia de Cuenca se encuentra la llamada 'ruta del amor', con una decena de prostíbulos en apenas 30 kilómetros.

El brote en Alcázar de San Juan fue el detonante de la medida. El gobierno manchego ha establecido por decreto el cierre de los prostíbulos durante las 24 horas del día, y no solo en horario nocturno. A esta decisión se ha sumado Cataluña. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, anunció este viernes la modificación de la resolución relativa al ocio nocturno, que ahora también incluye establecimientos con locales anexos como los prostíbulos. «Era una incoherencia cerrar el ocio nocturno y mantener abiertos otros locales en los que se realizan actividades de este tipo», argumentó Vergés.

Madrid y Baleares también anunciaron que estudian el cierre de estos locales después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, remitiera una carta a las comunidades autónomas para reclamar su clausura. «Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución, pero no de las cifras de negocio», subrayó la ministra Montero.