Defensa despeja el camino a las corbetas saudíes de Navantia

Noelia Arroyo, este miércoles, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno./Guillermo Carrión / AGM
Noelia Arroyo, este miércoles, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / Guillermo Carrión / AGM

Desbloquea la venta de 400 bombas y garantiza la construcción de los buques, con motores fabricados en la planta de Cartagena

JORGE GARCÍA BADÍA y M. BALÍN Madrid

Las 400 bombas de precisión que España acordó vender a Arabia Saudí en 2015 y cuya entrega paralizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante las sospechas de que pudieran ser utilizadas en el conflicto bélico en Yemen, pondrán finalmente rumbo a Riad. A última hora de ayer, el Gobierno autorizó el traslado de este material, perteneciente al Ejército español, pero de fabricación estadounidense, tras exigir garantías al comprador de que no van a ser utilizadas para ningún conflicto con civiles en riesgo, según confirmaron fuentes de La Moncloa.

Esta decisión pone punto y final a la crisis generada con las autoridades saudíes, que mostraron su desacuerdo con la decisión de Defensa de 'congelar' el envío preparado en una base militar de Aragón y cuyo enfado llegó a poner en el disparadero el megacontrato firmado con Navantia para la construcción de cinco corbetas en Cádiz y Ferrol. 42 motores para esos buques militares se fabricarán en la planta de Cartagena. La operación está valorada en unos 1.813 millones de euros frente a los 9,2 millones de las 400 bombas.

Por la mañana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobó una declaración institucional, dirigida a La Moncloa, exigiéndole garantías sobre la construcción de las corbetas.

Países «sensibles»

El proceso de revisión de este tipo de contratos de material de Defensa y tecnología de doble uso destinado a países «sensibles» no es una excepcionalidad, aunque en este caso se haya trasladado desde el Ministerio una información confusa que ha provocado las protestas en la calle de los trabajadores de la compañía naval de titularidad pública.

Cada año es habitual que la junta interministerial que regula el comercio exterior de este tipo de material, en virtud de una normativa europea de 2008, paralice operaciones y reclame más garantías al comprador, en la mayoría de las ocasiones Fuerzas Armadas extranjeras. Incluso es común que todos los cursos se denieguen determinadas ventas por la situación de los países receptores, sujetos algunos a embargos económicos, o la existencia de regiones en plena carrera armamentística en Asia y Oriente Medio.

En 2017, la junta interministerial -en la que están Defensa, Exteriores, Industria e Interior- y que preside la Secretaría de Estado de Comercio, prohibió el traslado de pedidos a Israel (diez cañones de rifles y 17 direcciones de tiro para carro de combate), Myanmar (20 pistolas deportivas) y China (seis sistemas de clasificación acústica). En el primer caso la razón fue «el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales» y en los dos restantes, el cumplimiento de embargos de la UE.

Sin embargo, la presión de las ONG antibelicistas integradas en la campaña 'Armas bajo control' tuvo efecto en el Gobierno, que se comprometió la semana pasada a revisar el contrato con Arabia Saudí y dar una respuesta «este mes», aunque las circunstancias internas y externas han precipitado la contestación. Estas organizaciones recordaban que Riad llevaba tres años involucrado en una guerra que ha causado miles de civiles muertos en Yemen.

Arroyo: «La factoría significa mucho en el corazón de los cartageneros»

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma exigió ayer al Gobierno de Sánchez «claridad y concreción», en relación al contrato de Defensa que afecta a la plantilla de la factoría de Navantia en la ciudad portuaria. En una declaración institucional, pedía la adopción de «todas las medidas que sean necesarias para garantizar los encargos previstos y el empleo de miles de familias en la sede cartagenera de Navantia».

Según manifestó la consejera portavoz, Noelia Arroyo, al final de la reunión, que peligrara el megacontrato con Arabia Saudí había sembrado «incertidumbre e inquietud» entre los trabajadores. Para Arroyo, candidata a la alcaldía de Cartagena por el Partido Popular, «la vida de miles de familias gira en torno a Navantia desde 1947. Significa mucho en el corazón de todos los cartageneros».

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