La Comunidad creará un registro de pisos vacíos con destino al alquiler social

Integrantes de la PAH de la Región durante una protesta. /Nacho García / AGM
Integrantes de la PAH de la Región durante una protesta. / Nacho García / AGM

El reglamento de la Ley de Vivienda contempla la cesión de inmuebles a la Administración a cambio de incentivos fiscales y de garantías de cobro

Daniel Vidal
DANIEL VIDAL

La Comunidad Autónoma creará un Registro de Viviendas Desocupadas en la Región que servirá para que la Administración autonómica «pueda ejercer sus potestades y competencias para la garantía del derecho a la vivienda en situaciones de vulnerabilidad». De esta manera, y según se recoge en el reglamento que desarrolla la Ley de Vivienda, cuya legalidad fue avalada el jueves por el Tribunal Constitucional (TC), las entidades financieras e inmobiliarias deberán comunicar obligatoriamente en este registro el número de viviendas vacías que tienen en propiedad, y que podrán servir para alimentar el parque de viviendas disponibles para el alquiler social.

Todas estas casas, incluidas las «cedidas a cualquier Administración de la Región de Murcia por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), o por otras personas físicas o jurídicas», según contempla el texto, se integrarán en el llamado Fondo Social de Vivienda de la Región, en el que se coordinará la oferta de viviendas protegidas y cedidas, y la demanda de las personas con necesidades habitacionales y en riesgo de exclusión social.

El reglamento, que el Gobierno regional subió ayer mismo al Portal de la Transparencia, tras conocerse la sentencia del TC, recoge que las entidades que suscriban convenios con la Administración en este sentido «deberán poner a disposición de la Comunidad Autónoma las viviendas que estén desocupadas, que sean de su propiedad y provengan de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, cuando el parque de viviendas de estos convenios y las viviendas del sector público sean insuficientes para dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad».

Las entidades financieras, las inmobiliarias y la Sareb podrán firmar convenios con el Gobierno regional

La cesión de las viviendas, sin embargo, no será a cambio de nada. El documento también especifica que los estímulos a los propietarios e inversores consistirán en beneficios de carácter fiscal, ayudas para el acondicionamiento de la vivienda y garantías y seguros para el cobro de la renta correspondiente (que no podrá superar un tercio de los ingresos de la unidad familiar) y el mantenimiento del inmueble.

«Hemos hecho los deberes»

El documento también apuesta por recuperar la vivienda protegida; promover el alquiler social y colaborar de forma necesaria con los ayuntamientos para la detección inmediata de las personas que no puedan acceder a los suministros básicos de energía. Estas son solo algunas de las medidas contempladas en el reglamento que ha estado elaborando la Consejería mientras se resolvía en el TC el recurso que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy a la Ley de Vivienda de la Región, que busca frenar los desahucios y la pobreza energética. «Hemos hecho los deberes», según dijo ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien añadió que «lo teníamos todo preparado para poner en marcha el reglamento en cuanto el TC dictara sentencia». López Miras recordó ayer que las familias que se encuentren en riesgo de desahucio pueden solicitar ya la ayuda de hasta 400 euros al mes para pagar el alquiler durante tres años que ha puesto en marcha la Comunidad, tal y como publicó 'La Verdad' esta semana. Es otra de las actuaciones incluidas en el Plan de Vivienda, que busca «garantizar el acceso a una vivienda a todas las familias y evitar que abandonen su hogar por el impago de la hipoteca o del alquiler».

La PAH exige a Miras que dé las órdenes oportunas para que la norma «pueda aplicarse de una vez»

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Antidesahucio de la Región de Murcia (PAH), Francisco Morote, recordó que muchas de las 4.582 familias desahuciadas entre 2017 y el segundo semestre de 2018 podrían haberse beneficiado de la ley de no ser por el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy. Morote exigió a Miras que dé las órdenes oportunas al consejero de Fomento para que «la ley pueda aplicarse de una vez».