La nueva regulación de vivienda protegida impulsa la construcción de 300 casas en la Región

Una de las novedades es la ampliación de los posibles beneficiarios para que más familias puedan acceder a su compra.

Las personas con discapacidad tendrán ventaja, así como las víctimas de terrorismo y las mujeres que hayan sufrido violencia machista. El consejero destacó que, a partir de ahora, una mujer embarazada podrá alegar su estado para acceder a este tipo de viviendas, si el nacimiento de su futuro bebé va a suponer una modificación de su tipo de familia y necesita una vivienda de mayor tamaño.

El contenido del decreto fue negociado con colectivos sociales, federaciones y asociaciones que representan a las personas con discapacidad y también con el sector de la promoción inmobiliaria con el fin de lograr el mayor consenso sobre la nueva regulación de las viviendas protegidas.

El decreto flexibiliza la tipología y superficie de las casas para que respondan a las necesidades de todo tipo de familias, «desde las personas que viven solas a las familias numerosas. El objetivo -añadió Díez de Revenga- es alcanzar a todo aquel que encuentre dificultades para acceder a una vivienda libre».

En este sentido, los promotores podrán ampliar las superficies de las viviendas protegidas según las necesidades de cada familia. La superficie útil máxima de 90 metros cuadrados será la norma general, pero podrá llegar a los 120 metros para familias numerosas o integradas por personas con discapacidad, movilidad reducida permanente o dependientes. La superficie útil máxima podría llegar a los 150 metros cuadrados para familias numerosas de carácter especial o se podrá también ampliar a razón de diez metros adicionales por hijo.

El decreto aprobado ayer, además, simplifica los trámites administrativos a realizar por los promotores. Así, por ejemplo introduce el uso de la declaración responsable para obtener la calificación definitiva de vivienda protegida.

Díez de Revenga comentó que esta norma busca no solo facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con más dificultades, sino también impulsar la inversión privada y la actividad empresarial.

El Consejo Económico y Social (CES) emitió un dictamen muy duro sobre este decreto en noviembre del pasado año, al poner en duda que fuera a servir para facilitar el acceso a la vivienda a las familias más necesitadas o para impulsar la construcción de un mayor número de viviendas protegidas.