La Comunidad advierte de que el bloqueo político puede retrasar el pago a proveedores

Así lo advirtió ayer el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, que recuerda que la interinidad del Ejecutivo central, derivada de la dificultad de Pedro Sánchez para conseguir apoyos a su investidura, impide que se liberen las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y los fondos que corresponden a las comunidades por el cambio en la normativa contable del IVA. Javier Celdrán cifraba la pasada semana en 85 millones de euros la cantidad que la Región estaba dejando de recibir del Estado por esta parálisis institucional en el país, con lo que hay un serio riesgo de que se produzcan «tensiones de tesorería» en la Comunidad que podrían provocar «un retraso en los pagos a proveedores», según declaró a Onda Regional.

La situación no perjudica exclusivamente a la Región de Murcia, sino que afecta al resto de comunidades autónomas. Algunos gobiernos regionales, como el de Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, no descartan realizar ajustes en sus cuentas en el caso de que el Ministerio de Hacienda no encuentre pronto la fórmula que busca para llevar a cabo estos pagos, según informaban ayer en 'El País'. En el caso de la Comunidad, fuentes de la Consejería de Presidencia y Hacienda indicaron a 'La Verdad' que «vamos a seguir haciendo esfuerzos de eficiencia y reducción de gasto, pero en modo alguno vamos a consentir que suponga una merma de la calidad de los servicios públicos que se prestan a los murcianos».

Recuerdan desde la Consejería que «este bloqueo del Gobierno central nos afecta mucho más que a otras comunidades autónomas, puesto que a los retrasos en las entregas a cuenta se suma la infrafinanciación que ya padecemos desde hace una década, y que este año se situaba, ya de partida, en 400 millones de euros». «Se nos exige lo mismo que a otras regiones cuando somos los peor tratados de España, junto a Comunidad Valenciana, lo que nos obliga a hacer muchísimos más esfuerzos que el resto para poder financiar los servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad», añaden desde el departamento que desde el pasado 2 de agosto está bajo el mando de Javier Celdrán.

El Ministerio de Hacienda aseguró que está buscando fórmulas legales para hacer llegar a las comunidades autónomas los 7.500 euros que tiene pendientes de abonar para acabar así con la asfixia financiera que sufren por el 'impasse' político.