La Comunidad acusa al Gobierno central de convertir la Región en «una isla ferroviaria»

«Una isla ferroviaria». Esta es la expresión con la que el Ejecutivo regional califica la situación en la que se sumirá la Región de Murcia a partir del próximo 20 de noviembre, cuando se proceda al cierre de la línea de ferrocarril de Cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas (C2) y de la de media distancia entre Cartagena y Albacete.

A raíz de la licitación del servicio de autobuses que vendrá a sustituir a los trenes cancelados, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, aseguró ayer que esta noticia «viene a certificar la isla ferroviaria a la que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a todos los habitantes de la Región, y le pone fecha de inicio: el 20 de noviembre».

El alto cargo autonómico calificó la decisión de «unilateral, desleal y oscurantista» y mostró el «rotundo rechazo» del Ejecutivo murciano a la interrupción del tráfico ferroviario, que eliminará los trenes que conectan la Región con el resto de España. «El Gobierno central sentencia a Murcia a un aislamiento ferroviario 'sine die', a tenor de los incontables incumplimientos de compromisos a los que nos tiene acostumbrados en materia ferroviaria: jamás han cumplido su palabra».

Denunció que a los ciudadanos «se les priva arbitrariamente de un servicio público esencial de movilidad», e informó de que «no se ha comunicado nada oficialmente a las autoridades regionales ni locales de las poblaciones afectadas, y se actúa dando la espalda a una sociedad que ya se ha manifestado en contra».

Díez de Revenga anunció que «la Comunidad va a hacer todo lo que esté en su mano, tanto en el ámbito legal, como político y social, para revertir esta situación, que es fruto de una decisión sectaria que da una estocada mortal a este servicio público imprescindible».

FInalmente insistió en que el desarrollo del Corredor Mediterráneo «es perfectamente compatible con el mantenimiento de los trenes; así estaba planificado, proyectado, licitado y contratado, y así ha sido desarrollado en el resto de comunidades».

El consejero expuso que «la isla ferroviaria impuesta por Pedro Sánchez traerá gravísimas consecuencias en el ámbito turístico, porque nos aleja aún más del resto de España y pone más trabas para que el resto de ciudadanos pueda visitar nuestra región». También supondrá un aumento de más de 3.000 vehículos diarios «por la ya saturada autovía A-7».

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