Los regantes solo reciben 2,5 hectómetros cúbicos en agosto
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizó ayer un trasvase de 10 hectómetros cúbicos (hm3) de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a la cuenca del Segura
e. p.
Jueves, 4 de agosto 2022
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizó ayer un trasvase de 10 hectómetros cúbicos (hm3) de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a la cuenca del Segura durante el mes de agosto, de los que solo 2,5 serán para regadío y 7,5, para abastecimiento de la población. La decisión se produce tras constatarse la situación hidrológica excepcional (nivel 3) de los embalses de cabecera y que esta se mantendrá previsiblemente durante los próximos seis meses.
Aunque con situación de nivel 3 se podría autorizar un trasvase al Segura de hasta 20 hm3, de forma discrecional pero motivada, la Comisión de Explotación solo autorizó la mitad.
Indignación de la Comunidad
La decisión, que se produce a pesar de que la Comisión había recomendado un envío de 20 hm3 al encontrarnos en nivel 3, indigna al Gobierno regional. «De esta forma, volvemos a sufrir la mano del Ejecutivo de Sánchez, que nos recorta el agua que debíamos recibir, de los 20 hectómetros cúbicos propuestos a los 10 que finalmente nos envían, provocando un grave perjuicio a los consumidores, agricultores, ganaderos o industrias de la Región», explicó José Sandoval, director general del Agua de la Comunidad.
«La ministra Ribera vuelve, una vez más, a no respetar los criterios técnicos establecidos por un centro de reconocido prestigio internacional como es el Cedex y recorta el envío alegando motivos carentes de todo sustento, como viene haciendo de forma recurrente en cada ocasión que se recorta en base a los principios de prevención y precaución, cuando los embalses de cabecera acumulan actualmente 545 hm3, muy por encima de los 400 que marcan el límite de riesgo», añade Sandoval.
«Lo que comenzó siendo una decisión puntual, se ha convertido en un recurso permanente para el Gobierno de España, atentando contra el principio de igualdad y privando a Murcia, Almería y Alicante de un recurso básico para su desarrollo social y económico», sentenció.
