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Vista aérea de la urbanización supuestamente ilegal (en tono más claro), con múltiples parcelas construidas.
Golpe a 26 propietarios de parcelas en una urbanización ilegal de Librilla

Golpe a 26 propietarios de parcelas en una urbanización ilegal de Librilla

La Guardia Civil descubre un entramado delictivo que ha permitido levantar decenas de viviendas en suelo agrario y sobre el cauce de una rambla

LA VERDAD

Sábado, 8 de abril 2017, 01:12

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Chalés y casas de campo con sus correspondientes parcelas, su piscina y su jardín o pequeño huerto. El sueño de muchas personas que buscan un lugar tranquilo en el que residir o pasar los fines de semana. Asentada sobre esos legítimos deseos, a los que sin embargo se había dado satisfacción vulnerando la normativa urbanística, se había levantado una urbanización ilegal en el término municipal de Librilla, que ha llevado a la Guardia Civil de Murcia a poner en marcha la denominada 'Operación Torremocha' y a desmantelar un supuesto entramado delictivo dedicado a la venta irregular de parcelas.

Hasta el momento, según informó ayer un portavoz del Instituto Armado, se ha investigado a 26 propietarios de terrenos en esa zona, a quienes se les han instruido diligencias como presuntos responsables de un delito relativo a la ordenación del territorio. El atestado ha sido remitido a los juzgados de Murcia, que previsiblemente abrirán diligencias por un supuesto delito urbanístico.

Por denuncia de la Fiscalía

La investigación policial se inició el año pasado, a requerimiento de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, lo que llevó a agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a realizar diversas gestiones para conocer en qué situación legal se encontraban unas construcciones levantadas en el paraje Torremocha del término de Librilla. En apariencia, la mayoría de estos edificios podrían estar invadiendo el dominio público hidráulico de la rambla que da nombre a esa zona, con el consiguiente riesgo de inundación y un potencial peligro para las personas ante una posible avenida de agua.

De la investigación se desprendió que el administrador de la empresa promotora se había asociado en una primera fase con otras personas y mercantiles para comprar unos terrenos catalogados como no urbanizables y de uso agrícola.

En otra fase posterior, se dispusieron a efectuar la parcelación del terreno y la adecuación de las fincas matrices en recintos preparados para la construcción de viviendas, estableciendo para ello calles, vallados, fosas sépticas e incluso instalaciones de redes de suministro de agua y electricidad.

El 'modus operandi' utilizado por la presunta trama delictiva para enmascarar esta promoción urbanística ilegal consistía en vender los diferentes recintos (parcelas), ya totalmente preparados para la construcción de viviendas, mediante escrituras públicas de compraventa, donde las parcelas se describían y transmitían como una porción indivisible de la finca rústica aunque sin atribución de uso exclusivo sobre la parte del terreno. Con esta fórmula obviaban la necesidad de solicitar licencias de segregación y de parcelación.

Antecedentes penales

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil ha inspeccionado un total de 112 recintos, en su mayoría con viviendas ya construidas, y ha investigado a 26 personas, entre las que se encuentra el administrador de la empresa promotora, varios colaboradores y un grupo de constructores y propietarios. También se pudo constatar que estos hechos se han venido produciendo a lo largo de alrededor de una década.

Se da la circunstancia de que el promotor y cabecilla de la trama desmantelada ya fue condenado en 2012 por un delito relativo a la ordenación del territorio. El Código Penal establece que comete este delito quien lleve a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o que estén considerados de especial protección. Las penas de prisión que se contemplan van de un año y seis meses a cuatro años, multas e inhabilitación especial para profesión de uno a cuatro años.

La llamada 'Operación Torremocha' se ha desarrollado con la colaboración de organismos de diferentes administraciones públicas, como la Fiscalía Superior, el Ayuntamiento de Librilla, el Catastro, el Registro de la Propiedad, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Guardia Civil.

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