La Defensora del Pueblo pide a la Fiscalía que investigue a La Unión y Mazarrón por entorpecer su labor

La Defensora del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la actuación de un total de once municipios que, durante el año 2016, han entorpecido su labor. La ley obliga a las administraciones a contestar a la institución dirigida por Soledad Becerril sobre la información que precisa para sus actuaciones, pero Becerril expone que la respuesta no siempre es inmediata y en ocasiones incluso no llega a producirse tras haber sido reclamada en varias ocasiones. Por ello, solicita al Ministerio Público que aclare si el listado de ayuntamientos podría haber incurrido en algún delito recogido en el Código Penal.

En esta 'lista negra' están los consistorios de Mazarrón y La Unión. La institución del Defensor del Pueblo tiene potestad para declarar a esa administración «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales a través de su informe anual. En el balance de 2016, Soledad Becerril expone que las administraciones entorpecedoras suelen ser ayuntamientos e incluso entidades locales menores. El pasado año, esta institución recibió 324 quejas relativas a la Administración local. Muchos ciudadanos se quejan de que no pueden grabar las sesiones plenarias de sus consistorios pese a haberlo solicitado.

La institución recuerda a los ayuntamientos las normas, sentencias y resoluciones existentes que apoyan tales peticiones y, en consecuencia, se les ha sugerido que lo permitan, siempre que los solicitantes respeten las normas de protección de datos personales. En otras ocasiones se ha dado el caso de que un exceso de transparencia municipal ha dado lugar a la lesión de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para evitarlo, se pidió a la Federación Española de Municipios y Provincias que enviase a las entidades locales una comunicación para que no publicaran las actas completas de los acuerdos adoptados por los plenos.