La Unión y Mazarrón «dificultaron» la labor de la Defensora del Pueblo en 2016

La Unión y Mazarrón figuran entre los 30 ayuntamientos que a lo largo de 2016 no colaboraron, dificultaron u obstaculizaron, según los casos, la labor de la Defensora del Pueblo, según un informe elaborado por esta institución correspondiente al año pasado.

Según el informe de 2016, esta institución trasladó además a la Fiscalía General del Estado para el ejercicio, en su caso, de las acciones oportunas contra los alcaldes de una decena de localidades.

Así, se podría aplicar el artículo 502.2 del Código Penal, que obliga a las entidades sometidas a fiscalización pública a colaborar con la institución fiscalizadora, contra los alcaldes de La Unión y Mazarrón, Barruelo de Santullán (Palencia), Cadaqués (Girona), Colmenar de Oreja (Madrid), El Viso de San Juan y Gerindote (Toledo), La Pola de Gordón (León), Macael (Almería), Molvízar (Granada) y Nerja (Málaga).

Una administración entorpecedora es aquella que dificultó u obstaculizó el trabajo de la Defensora, ya que por ley están obligadas a contestar sobre la información que esta institución precisa para sus actuaciones.

Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y, en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras ser reclamada en varias ocasiones.

De acuerdo con el informe, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda colaboró "formalmente mejor" que otros años y hubo que realizar menos requerimientos, pero aun así es normal tener que efectuar un requerimiento para obtener respuesta y la que se remite a veces es repetición de la anterior, incluso en ocasiones una copia exacta.

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por su parte, obliga a que se le requiera en una o dos ocasiones antes de emitir la correspondiente contestación sobre tributos y también cuando se trata de otras cuestiones, como en materia de consumo.

Mientras tanto, en Canarias, la Agencia Tributaria canaria en Las Palmas no contestó en 2016 tras el tercer requerimiento, a raíz de una petición formulada en agosto de 2015 sobre la exención de pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de una vivienda perdida como consecuencia de un procedimiento de ejecución tributaria.

Otra treintena de consistorios no contestaron tampoco a los tres requerimientos de esta institución en demanda de algún tipo de información.