La alcaldesa responderá ante el juez por la adjudicación de un contrato

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, tendrá que responder en los tribunales por las presuntas irregularidades que se produjeron hace casi un año en la concesión del servicio de cafetería del hogar de la tercera edad de la pedanía de El Esparragal-La Estación. Según ha podido saber 'La Verdad', el Juzgado de Instrucción número 7 de Lorca ha citado a declarar a la regidora el próximo día 27 como investigada -antes imputada- por un presunto delito de prevaricación.

Este procedimiento judicial tiene su origen en la denuncia interpuesta por un vecino a raíz de la adjudicación, a finales del pasado año, del servicio de cafetería del citado hogar de la tercera edad. La explotación de este local había recaído, desde febrero de 2014, en este lumbrerense, que, según explica en la denuncia, había recibido el compromiso verbal de Túnez de que se haría cargo del negocio dos años. En mayo de 2015, no obstante, el Ayuntamiento convocó un procedimiento de negociado sin publicidad -al que le invitó- para volver a adjudicar el contrato. En él, según explica el denunciante, solo participaron finalmente dos empresas, la suya y la de otra vecina que, remarca en su denuncia, tiene una supuesta relación de amistad y cierto parentesco con un concejal.

La elección recayó, tal y como consta en la denuncia, en la Mesa de Contratación, que solicitó un informe técnico al respecto. El denunciante sostiene que en un primer informe, fechado el 11 de junio de 2015, se les instó a realizar unas aclaraciones sobre el servicio que se iba a prestar. Ante este percance, el órgano de contratación citó a los dos candidatos a un acto de negociación en el que, asegura el denunciante, él no firmó el acta porque no se reflejó presuntamente todo lo que había manifestado.

Tras esa negociación y la realización de las aclaraciones oportunas, en junio de 2015 se solicitó un nuevo informe técnico que vino a concluir que la oferta más apta era la del denunciante. A inicios de julio, se celebra una nueva reunión de la Mesa de Contratación en la que, explica la denuncia, la alcaldesa, como presidenta del órgano, solicita la aclaración de unos conceptos que, a tenor del denunciante, ya habían sido clarificados anteriormente. Este insiste ante el juez en que el objetivo de la regidora era «alterar totalmente las puntuaciones de los candidatos en relación al plan de equipamiento e inversión», en favor de la otra candidata y en perjuicio de él mismo.

Cuatro meses más tarde, ya en noviembre, un nuevo informe concluyó que la oferta más ventajosa para hacerse con la cafetería era la de la otra vecina. Según explica el demandante, su oferta pasó, en ese análisis, de obtener la máxima puntuación (25) en el plan de equipamiento e inversión a lograr la mínima (0), adjudicándose finalmente la concesión a la otra aspirante.

El denunciante, que ya ha declarado en sede judicial, sostiene, en su escrito ante el juzgado, que esta adjudicación «no se ajusta a derecho, ya que vulnera el principio de seguridad jurídica». Y remarca que la alcaldesa incurrió en un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.

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