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Entrada al cementerio de Abanilla, ayer, cuyas obras investiga la Fiscalía de Murcia.
La Fiscalía denuncia prevaricación en la adjudicación de obras menores

La Fiscalía denuncia prevaricación en la adjudicación de obras menores

Pide a un juzgado que abra diligencias por el fraccionamiento de las facturas de decenas de trabajos que realizó una empresa en 2008 y 2009

Jorge García Badía

Jueves, 15 de octubre 2015, 11:08

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Daba igual el tipo de trabajo, ya fuera asfaltado, pavimentación, instalación de arquetas... Tampoco importaba si la actuación se iba a desarrollar en un colegio, calles o caminos, el cementerio, un pabellón... La adjudicataria siempre era la misma empresa y siempre a través de un «contrato de obra menor» o «negociado sin publicidad», a pesar de que en el municipio había más de media docena de firmas que podrían haber realizado esos trabajos o haber concurrido a licitaciones públicas.

La Fiscalía Superior quiere aclarar la legalidad de esas adjudicaciones y ha presentado una «denuncia por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de contratos de obra menor» a esa mercantil por el Ayuntamiento de Abanilla.

Las contrataciones fueron denunciadas por la edil del IUMA, María Dolores Saurín, y el fiscal Miguel de Mata inició la investigación en abril de 2014 por el supuesto fraccionamiento irregular de obras y la presunta vulneración del principio de libre concurrencia que marca la Ley de Contratos del Sector Público. El caso pasa ahora a los juzgados de Cieza tras haber solicitado la Fiscalía «la incoación de diligencias previas».

En estos meses se ha estrechado el cerco sobre esa empresa, ya que inicialmente fueron denunciadas dos firmas que acaparaban hasta 133 adjudicaciones. También se han centrado las actuaciones en el periodo comprendido entre marzo de 2008 y enero de 2009, cuando la única compañía ahora bajo sospecha se benefició de 54 encargos municipales. En muchos casos, se adjudicaron con la misma coletilla: «Considerando que esta administración solo ha tenido conocimiento de una empresa que pudiese realizar las obras en los plazos demandados...».

Fuentes de la investigación indican que «hay indicios de delito por la reiteración en el fraccionamiento de los importes y la naturaleza de las obras, que constituían unidades de actuación que no admitían división». Las obras nunca superaban los 50.000 euros; de hecho, oscilaban entre los 1.751 y los 29.985 euros para ser adjudicadas directamente mediante decretos de alcaldía y por la Junta de Gobierno, que encabezaba el entonces regidor del PP Fernando Molina.

Facturas correlativas

Un ejemplo está en la Junta de Gobierno del 26 de noviembre de 2008 que dio luz verde a las facturas 247 a 257 «por obra menor», consistentes en trabajos de asfaltado en Abanilla y Barinas. Seis facturas estaban fechadas el 10 de septiembre de ese año y las otras cinco el 10 de octubre. Ninguna superaba los 30.000 euros, pero el importe total que cobró la empresa fue de 320.230 euros.

«Hay muchas facturas correlativas, pertenecen al mismo día y a la misma calle o camino del municipio», apuntan las mismas fuentes. Algunas eran genéricas: 'Trabajos de reparación'. En la Junta de Gobierno del 11 de junio de 2008, sin la previa fiscalización de la Intervención, se aprobaron cuatro facturas distintas (77 a 80) por trabajos realizados en el cementerio en el mismo día: 25 de marzo de 2008. En diciembre de ese mismo año, volvieron los albañiles al camposanto y se emitieron tres nuevas facturas.

También están bajo sospecha decretos de alcaldía como el 749/08, que aprobó cuatro facturas por asfaltado en Barinas y otras cinco por obras en el pabellón polideportivo de la citada pedanía. Todas ellas están fechadas el 12 de diciembre de 2008. Uno de los objetivos de las actuaciones era comprobar «la realidad física de las obras» y aclarar qué ediles de la Corporación 2007-2011 y funcionarios municipales tuvieron una participación activa en la concesión de las obras.

El escrito de la Fiscalía, sin embargo, archiva las diligencias iniciadas por la supuestas adjudicaciones 'a dedo' de las cantinas de Barinas y Macisvenda, así como el alquiler del edificio de la Policía Local. No obstante, deja abierta la posibilidad a la edil del IUMA de solicitar la impugnación de los actos de contratación de las cantinas y las dependencias policiales, al apuntar que el control de la legalidad «correspondería a la jurisdicción contencioso-administrativa».

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